¡Estado federal, ya!

Siento decirlo (o no), pero el modelo autonómico nacido de la necesidad de proporcionar una salida pragmática a las diferencias históricas entre los diversos pueblos que componen el complejo mosaico español, y, particularmente, de los que disponen de una lengua propia, está agotado. Y no solo porque no colma las expectativas de quienes en estos territorios muestran una clara voluntad de tener un Estado propio (que no son pocos), sino también porque el actual modelo ha llevado a una dinámica infernal de confrontación centro-periferia en la que el actor exterior (el gobierno central) aparece siempre como la referencia negativa, el obstáculo insalvable, que acaba explicando, o justificando, una buena parte de los males que aquejan a las diferentes “regiones y nacionalidades”.

En ocasiones la discriminación son las infraestructuras, otras veces se trata del balance fiscal o de un modelo de financiación autonómico desequilibrado, otras, en fin, de leyes que invaden competencias propias, y así sucesivamente, hasta el infinito. El resultado es un voluminoso memorial de agravios, utilizado (a veces con razón, a veces sin ella) por los dirigentes políticos de las diversas comunidades autónomas justificar los muy escasamente brillantes resultados de su gestión.

La Comunidad Valenciana ha sido el paradigma de todo ello durante la primera década del siglo XX. Según la versión oficial (que tiene su público), el diferencial negativo que esta Comunidad ha tenido respecto de otros territorios en términos de tasa de paro, renta per cápita, pérdida de instituciones financieras, desindustrialización, deterioro de la balanza comercial, etc. no ha tenido nada que ver con la incompetencia manifiesta de la clase dirigente que nos ha gobernado durante todos estos años, ni con la ausencia de un modelo de crecimiento sólido y creíble, ni con la proliferación de empresas y organismos surgidos al margen de la función pública reglada, ni con su apoyo activo al urbanismo depredador del territorio, ni, en fin, con su desmedido interés por situarnos en el mapa al coste que fuera. No, la culpa ha sido, ¡en su totalidad!, de la discriminación a que nos ha sometido el gobierno central, sea bajo la forma de inversiones, financiación, agua, y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir, por muy exótico que les parezca.

Pues bien, ha llegado la hora de acabar con esto de una vez por todas, o esto acabará con todos nosotros. Reúnanse los partidos de una puñetera vez y acuerden la creación de un estado Federal (simétrico o asimétrico, como deseen) pero quedando bien claro, de aquí en adelante, quien es el responsable ante los ciudadanos de cada euro que se gaste y de cada euro que se recaude. Asuma la administración central exclusivamente aquello que a la vista de todos sea razonable en aras a la economía de escala o a una mejor convivencia, y empecemos de nuevo. ¿Difícil?, sí, ¿complejo?, también. Pero como la única alternativa siga siendo este Estado Autonómico agonizante, yo, desde este mismo instante, también me declaro independiente. He dicho.