Tolerancia cero con la convocatoria para rodear el Congreso

Falta una semana para el 25 de septiembre —día en que se reúne el pleno y fecha elegida por un grupo de activistas de izquierda para “rodear el Congreso”— y la Delegación de Gobierno ha dejado claro que siguen con lupa sus pasos. La delegada, Cristina Cifuentes, ha advertido que no tolerará manifestaciones ese día en el entorno de las Cortes, mientras los diputados estén reunidos. “Nuestra legislación determina que no se puedan realizar manifestaciones, aunque sean pacíficas, para ‘no violentar la libertad de los legisladores”, afirmaba hace unos días a EL PAÍS.

Este fin de semana la policía ha actuado en dos ocasiones contra miembros de este colectivo. El sábado detuvo a cuatro personas que participaban en la manifestación contra los recortes cuando se disponían a desplegar una pancarta anunciando la convocatoria. Abandonaron la comisaría horas más tarde acusados de “resistencia a la autoridad” al negarse a identificarse, según la Delegación de Gobierno. Los activistas niegan este punto y se preguntan por qué se les quiso identificar.

Cifuentes advirtió de que no tolerará manifestaciones el 25-S porque hay pleno

Entre los detenidos figura Chema Ruiz, rostro conocido entre los activistas surgidos del 15-M y la crisis. El madrileño, de 38 años y militante del Partido Comunista, es uno de los impulsores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que lucha contra los desahucios. En verano decidió junto a otros activistas impulsar la convocatoria que llama a rodear el Congreso “porque veíamos que había bajado el nivel de militancia mientras que el Gobierno desmantela el Estado de bienestar”.

Ayer, unas 40 personas que participaban en la coordinadora que perfila la convocatoria del día 25 fueron identificadas por varios agentes, que llegaron a su encuentro en lecheras. El grupo, que había anunciado la cita vía redes sociales, estaba en uno de los puntos habituales de encuentro de los indignados, tras el Palacio de Cristal del Retiro.

Según la Delegación, los activistas fueron identificados por tratarse “de una reunión de más de 20 personas no comunicada”. Los reunidos, entre los que estaba Rafael Mayoral —uno de los abogados que asesora a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca—, no comparten esta opinión. “Se trata de una violación de nuestros derechos fundamentales”, afirma Mayoral. Ayer mismo, el abogado Juan Moreno interpuso una denuncia contra nueve de los agentes de la policía implicados en nombre de 25 de los identificados. “El artículo 540 del Código Penal afirma que serán condenados los empleados públicos que sin motivo legal disuelvan una reunión”, afirma Moreno.

La convocatoria a rodear el Congreso partió de la plataforma En pie, que en un principio lanzó un comunicado en cuyos objetivos nombraba “la dimisión del Gobierno en pleno [...], así como la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales”. Poco después se sumaron activistas que formaron la Coordinadora 25-S, que ha rebajado el tono de sus intenciones. Ya no se habla de ocupar el Congreso, sino de rodearlo pacíficamente. “No queremos alterar o interrumpir el funcionamiento de las Cortes”, insiste Ruiz, que explica que entre los participantes hay miembros de asambleas de barrio del 15-M, del Sindicato de Estudiantes, partidos de izquierda o Ecologistas en Acción.