Justicia baja un 10% la retribución del turno de oficio

La Consejería de Justicia e Interior de la Junta admite que ha planteado a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores reducir en un 10% las retribuciones que estos profesionales perciben por la prestación de la asistencia jurídica gratuita. En una nota, la consejería califica esta propuesta de “sensata y realista”, defiende su “impacto menor”, y la justifica en “la actual situación económica y financiera”, a la que quiere “adaptar” el servicio que estima esencial.

El departamento que dirige Emilio Llera rechaza las críticas del portavoz de justicia del PP en la Cámara autonómica, Juan Ramón Ferreira, quien envió este domingo una nota con la acusación de que la Junta había aprovechado las vacaciones para desmantelar el turno de oficio.

Justicia sostiene que los populares “eludieron debatir acerca de esta materia el pasado jueves”, al retirar una pregunta sobre la cuestión en el Parlamento. La consejería desmiente que la rebaja llegue hasta el 18%, como señaló Ferreira, y afirma que es de un 10% de ajuste lineal, así como que la “tramitación de la medida se ajusta al procedimiento legalmente establecido”.

La Junta también asegura que ha contado con los colegios profesionales, con quien mantiene “una interlocución permanente y una comunicación fluida. De igual modo, el Gobierno andaluz sostiene que comunidades gobernadas por el PP, como la de Madrid, han aplicado reducciones de hasta el 20% en estas retribuciones, y defiende que “este esfuerzo por ajustar y racionalizar los recursos ha permitido también agilizar los pagos pendientes por la prestación de este servicio, liquidando este verano no sólo todo lo pendiente de 2011 (respondiendo al compromiso adquirido con los abogados y procuradores), sino también los primeros pagos certificados en 2012”.

Por último, la Consejería de Justicia e Interior declara que el Gobierno andaluz mantiene un “firme compromiso” con la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita “pese a la difícil situación económica”. Se trata de un derecho esencial que contribuye a garantizar la igualdad de la ciudadanía ante la Justicia y es fundamental para la tutela judicial efectiva de una parte importante de la ciudadanía que no dispone de recursos y que necesitan que sus derechos sean defendidos ante los tribunales”, concluye el comunicado.