“Cabeza fría y prietas las filas”

Los interrogatorios ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han sucedido durante el último año para dilucidar la legalidad del fondo de los ERE y sobre todo la vigilancia y tramitación que este conllevó. Es decir, los investigadores han buscado detallar paso a paso los derroteros del millonario fondo, desde su creación en 2001 y durante su aprobación año tras año por el Parlamento.

Mientras, la consigna interna en la Junta ha sido clara: “Ante un procedimiento penal, las huidas hacia adelante y las entradas en pánico son habituales. La consigna cabeza fría y prietas las filas no es tan fácil”, relatan fuentes del caso. Es decir, la premisa es evitar fugas que huyeran de la versión oficial en defensa de la legalidad del procedimiento que abandera la Junta, desde que antes del verano se enfrentara a la juez Alaya y le acusara de dirigir “una causa general” en su contra. Eso sí, entre los altos cargos que han declarado también hay numerosos funcionarios, y en esos casos los avisos internos son mucho más discretos o inexistentes.

Tras el ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez en la comandancia de la Guardia Civil hace un año, han declarado varios directores generales de Presupuesto, así como ex jefes de servicio de dicha dirección general, interventores como la subdirectora del área de control financiero, directores de finanzas de la agencia Idea (pagadora de las ayudas millonarias de Empleo)… la cascada de altos cargos y funcionarios ha sido un preocupante goteo para la estrategia de la Junta. Porque el problema del Gobierno andaluz es que la Guardia Civil ya expresó su convicción de que en 2001 se ideó un convenio para conceder ayudas directas a empresas y subvencionar ERE “para prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización (…) facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”. Los agentes también expresaron que la Intervención debió emitir el informe de actuación para frenar el supuesto menoscabo de fondos públicos. Y luchar contra esa idea es difícil con tantos cabos sueltos y declaraciones escalonadas, donde pueden aflorar grietas.

Desde la Junta restan importancia a las posibles grietas en la versión oficial: “Es normal que las declaraciones chirríen o se contradigan, pero creemos que la verdad ya está contada. Hay un uso irregular de los fondos y es la parte menor, concentrada en la Sierra Norte y con la pedrea en Camas (Sevilla). Ese gran reparto de dinero no existió”, considera un portavoz del Gobierno.

Tras su escrito ante la Cámara, Gómez leyó ante la comisión parlamentaria de investigación una versión matizada de su defensa, en la que incluyó la sonada metáfora de la vivienda en llamas y cómo el propietario esperó sin apagar el incendio. Pero el asalto decisivo para delimitar la vigilancia correcta o nula del fondo está aún pendiente: “La madre de todas las batallas será ante la juez Alaya. Si Gómez se ancla en sí mismo como un ser impoluto, recibirá ataques, pero si regala los oídos de la juez y fiscal, lo tendrá duros con las defensas”, opina un abogado que pide el anonimato.