El IVF inicia los trámites para embargar el estadio Rico Pérez

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha iniciado los trámites para solicitar la ejecución del embargo del estadio Rico Pérez de Alicante, según desveló ayer Radio Alicante de la Cadena SER. La medida se prepara tras producirse el impago de la primera cuota (500.000 euros) de los intereses a los que debía hacer frente la Fundación Hércules, como receptora de un aval de 18 millones. El aval fue concedido por la CAM a través del IVF en mayo de 2010. La operación fue diseñada por el Hércules para sanear cuentas.

El Hércules, propiedad del empresario y promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel, se declaró en concurso de acreedores en junio del año pasado por deudas acumuladas de 59 millones a las que se suman 30 millones del pasivo de Aligestión, una firma de Ortiz propietaria del estadio. El IVF está a la espera del concurso de acreedores aunque ya ha iniciado las gestiones para solicitar el embargo del estadio de donde juega el Hércules.

La situación del Hércules ha ido de mal en peor, sobre todo desde que volvió a la Segunda división. El estadio fue recomprado al ayuntamiento de Alicante en 2007. Fue el único postor y la adjudicación se realizó por 7,8 millones.

Desde entonces, hubo varios proyectos alrededor del estadio. Se planteó levantar un nuevo Rico Pérez en Rabassa y que el viejo estadio volviera a propiedad municipal para recalificar el terreno a residencial y que las plusvalías ayudaran a pagar el nuevo recinto; se estudió una remodelación del estadio, e incluso un nuevo recinto sobre el actual a cambio de aprovechamientos urbanísticos en otros puntos de la ciudad. La operación habría permitido a Ortiz sanear su deuda. La comisión municipal que trataba esta operación cerró las líneas maestras de esta última operación un día antes de que el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, Ortiz y otras nueve personas fueran detenidas por el caso Brugal. Pero la mala marcha del equipo en Primera congeló el proyecto y el descenso a segunda, en la pasada temporada, paralizó la propuesta.

El juez instructor de la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del PGOU de Alicante en favor de Ortiz considera que el empresario hizo valer su influencia y amistad sobre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y sobre su predecesor, Luis Díaz Alperi, para conseguir datos secretos del nuevo planeamiento y, entre otros proyectos, sobre la remodelación del Rico Pérez. La investigación ha sido remitida al Tribunal Superior de Justicia, (TSJ) que esta semana asumió la causa.