Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Del desahucio al derecho de realojo

Abogados y jueces progresistas encabezan un movimiento para remediar la falta de protección de los dueños de pisos frente a los bancos en caso de impago

Miembros de la plataforma Stop Desahucios se manifiestan en el centro de Bilbao.
Miembros de la plataforma Stop Desahucios se manifiestan en el centro de Bilbao.

El derecho a una “vivienda digna y adecuada” que consagra la Constitución en su artículo 47 se ha quedado en un mero pronunciamiento sin mayor desarrollo. Frente a la universalidad de la sanidad, la educación, la justicia o el derecho a una renta básica, entre otras prestaciones sociales consolidadas, aunque afectadas por la crisis, no existe una regulación de la vivienda habitual que defienda a sus propietarios frente a momentos críticas como impagos hipotecarios, o situaciones sociales extremas. Euskadi suma ya entre uno y dos desahucios de viviendas habituales de los casi ocho diarios que sufren sus ciudadanos.

Partidos, sindicatos, asociaciones y los Colegios de Abogados, además del Gobierno vasco, están tomando posición en torno a este drama y poniendo en marcha mecanismos para paliarlo. Para el magistrado de la Audiencia de Vitoria Edmundo Rodríguez Achútegui hay que avanzar desde la actual situación hasta una legislación que proteja a los ciudadanos ante el desahucio de su vivienda habitual.

Carmena: “Los bancos no pueden ser espectadores de desgarro social”

Rodríguez Achútegui planteó la pasada semana obligar por ley a los bancos a conceder moratorias a los parados que no puedan hacer frente a las cuotas de su hipoteca mientras dure su situación de desempleo. Prácticamente ha logrado la adhesión de todos los agentes políticos y sociales, aunque con matices, en plena precampaña para las autonómicas del 21 de octubre.

Incluso el propio Rodríguez Achútegui considera su propuesta, revolucionaria en el contexto de la actual ley Hipotecaria, como un tránsito hacia la estación final que cambiaría radicalmente la forma de tratar el problema: regular el realojo como un derecho.

Especialistas en Derecho ven bases para modificar la actual legislación

La exvocal de Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena lo explica en su blog Reinventemos la Justicia. Proponer una regulación específica de la vivienda habitual que convierta en especial el procedimiento de desahucio para esos pisos y quede limitado a que haya alternativas de realojo para la persona o familia desahuciada. Carmena propone implicar a las entidades financieras en la reforma. “Su responsabilidad en esta crisis es demasiado importante para que puedan ser espectadores pasivos del desgarro social que produce la perdida de las viviendas habituales”, indica.

El argumento es utilizado también por Rodríguez Achútegui: “Los ciudadanos han rescatado a Bankia y al sistema financiero, luego pueden pedir al Gobierno que regule el rescate de los bancos a los ciudadanos más necesitados”.

Tengo deudas para ocho años tras entregar el piso”, narra una afectada

No es un fenómeno nuevo, pero en cuatro años el drama que representan los desahucios de la vivienda habitual se ha encaramado a los primeros puestos de la lista de los problemas que está generando la crisis. En 2012, además, está cambiando el perfil del afectado. De los inmigrantes y mujeres separadas que lo sufrieron en 2008-2009, se ha pasado a los desempleados hasta 2011 y últimamente les está tocando el turno a los pequeños empresarios y autónomos que tuvieron que ofrecer garantías personales para acceder al crédito, y ya no disponen de reservas ni de otras propiedades para cumplir sus obligaciones bancarias.

“A medida que ha avanzado la crisis está cambiando el tipo de personas que se quedan sin su vivienda habitual”, asegura la portavoz de Stop Desahucios, Marta Uriarte. “Ahora el nivel económico es más alto y, tal y como va la crisis, cada vez resultan afectadas personas que nunca hubieran creído que les iba a llegar”, avisa.

Buscar un “compromiso” de Rajoy

El Gobierno vasco va a trasladar al central la propuesta del magistrado progresista Edmundo Rodríguez Achútegui para blindar a los parados y desfavorecidos ante el desahucio de su vivienda habitual.

“Sería muy conveniente un compromiso explícito del Gobierno [popular] que no solo debe centrarse en rescatar a las entidades bancarias, sino extender dicho rescate a los ciudadanos sin recursos, garantizando de este modo los principios constitucionales de igualdad y justicia”, asegura la viceconsejera de Justicia, María Victoria Cinto, a EL PAÍS. Su departamento va a trasladar, además, a los técnicos del Servicio de Mediación Hipotecaria el contenido de una propuesta que considera que “puede suponer un punto de inflexión al objeto de buscar un acuerdo en el que tanto las entidades bancarias como los propietarios de las viviendas obtengan un beneficio”, dice Cinto.

El Servicio de Mediación nació el pasado mes de mayo a instancias del propio Patxi López. El lehendakari recogió el guante lanzado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis Ibarra, quien durante la apertura del año judicial recordó que Euskadi tiene competencia legislativa en protección del consumidor y plenas atribuciones para la dotación de servicios de mediación intraprocesal.

Hasta ayer, el Servicio de Mediación sumaba 97 expedientes (17 en Álava, 38 en Bizkaia y 42 en Gipuzkoa). “Casi cien familias depositaron su confianza en un servicio público y gratuito compuesto por profesionales expertos en el mundo de la abogacía y de la economía”, valora el Ejecutivo.

La actualización legal siempre va por detrás de las demandas sociales, y más todavía cuando la legislación hipotecaria favorece de forma clara a las entidades financieras. Además de regular los plazos y condiciones para expulsar de su vivienda a quien no hace frente a los pagos mensuales, sin entrar a valorar si es su vivienda habitual y si no tiene a donde ir, fija el importe de la tasación con la que se compró el piso como la deuda correspondiente —más los intereses— a la que el propietario tendrá que hacer frente al ser desahuciado, sin considerar la depreciación del inmueble, o que la entidad se lo vaya a quedar por el 60% del valor de la misma tasación.

 “Existen fundamentos normativos para incorporar a toda la legislación del suelo e hipotecaria la protección de la vivienda habitual, y de sus propietarios más desfavorecidos como parados o deudores honestos, como para avanzar en el realojo como derecho”, sostiene la profesora de Derecho Mercantil de la UPV Elena Leiñena.

Todos ellos y numerosas asociaciones y sindicatos basan sus aportaciones en que no es justo que paguen esta crisis los más desfavorecidos, entre otras razones porque existe un principio de corresponsabilidad que afecta de lleno a las entidades financieras. Con algunas prácticas que han aplicado a lo largo de los años, como las polémicas cláusulas suelo, o el abuso de la concesión del crédito sin mirar la afección que provocaba en la renta disponible, “o algunos intereses de demora que rozan la usura” explica Leiñena, “las entidades tienen responsabilidad en la situación creada en algunos casos de sobreendeudamiento”.

El impulso judicial y de los Colegios de Abogados para lograr una nueva regulación legislativa que proteja todos estos casos “quizás esté más cerca que nunca, pero sigue igual de lejos para nosotros” asegura Amaia G., desahuciada en una localidad vizcaína.

Perdió el piso porque su excompañero no hacía frente al pago de la mitad de la hipoteca. “Tengo deudas pendientes para ocho años más después de haber entregado el piso” a una entidad de ahorro, narra. “Las entidades financieras actúan de acuerdo con la ley, no hay ningún ilícito, pero en estos casos el concepto de la justicia está a años luz de la legalidad”, concluye Rodríguez Achutegui.