“Mi casa la han partido en dos”

Este miércoles fue el último día de trabajo para los 260 empleados del Ayuntamiento de Jerez afectados por el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el gobierno municipal del PP. Sus contratos ya están extinguidos, la indemnización por “despido procedente” en sus bolsillos, pero siguen sin saber por qué ellos, entre un total de 2.000 trabajadores, fueron los elegidos para perder sus empleos.

Seis meses después de anunciarse el ERE, la Inspección de Trabajo destaca que no existe informe alguno que permita determinar que la selección de afectados ha sido objetiva. La alcaldesa, María José García Pelayo, dice que ha querido tramitar un ERE “rentable para Jerez”, motivo por el que, según defiende, ha decidido obviar antigüedad, cargas familiares o circunstancias personales para primar “la polivalencia” con el fin de hacer del Consistorio una administración “más eficaz y productiva”.

Manuela era la única mujer de entre 40 jardineros municipales

Entre el personal despedido se pueden encontrar operarios con más de 20 años de antigüedad, padres de hijos discapacitados, madres solteras, viudas con hijos a su cargo, un técnico de turismo que habla cinco idiomas y tutor legal de una madre con Alzheimer y una hermana con síndrome de Down, o un matrimonio con hijos adolescentes a su cargo.

Manuela Fernández tiene 48 años. Entró a trabajar en el Ayuntamiento como jardinera en 2001. Aprobó una oposición sin plaza en 2004. Es la número tres en la bolsa de trabajo y desde este miércoles está en la calle. José Manuel Pozo tiene 48 años es pintor de la delegación de Infraestructura y número uno en la bolsa de trabajo municipal. Como Manuela, aprobó una oposición en 2004 y, como ella, también está en la calle. Manuela y José Manuel están casados y son padres de dos hijos, de 24 y 19 años, que viven en el domicilio familiar y estudian para tratar de encontrar un trabajo.

“Mi casa la ha partido en dos. Se la ha cargado de un plumazo. Ella (en referencia a la alcaldesa García Pelayo) dijo que iba a respetar a al menos a uno de los miembros de un matrimonio, pero nos ha echado a los dos”, lamenta cabizbaja Manuela. “De los 40 jardineros de Medio Ambiente han despedido a dos mayores de 59 años para que se acojan a una prejubilación y a otros dos, entre ellos yo, la única mujer del departamento”. “Hay gente por detrás de mi en la bolsa que se ha salvado y gente que no han echado y que ni siquiera está”. Cuando tienes una posición en la bolsa es porque reúnes una serie de méritos, pero eso tampoco se ha tenido en cuenta”, protesta Manuela.

Sentado junto a su mujer, José Manuel saca de una carpeta una fotocopia de la lista de la bolsa de trabajo que refleja que es el primero de entre centenares de nombres, el informe favorable de su jefe para avalar su profesionalidad o la alegación presentada al gobierno y no contestada. Este peón no quiere hablar en público de persecución sindical, pero confirma que de la lista de 32 candidatos a delegados de UGT en el Consistorio en las últimas elecciones, 25 han entrado en el ERE. Entre ellos, él y su hermano, número dos de la bolsa de trabajo.

Sindicatos y oposición hablan de “caza de brujas” mientras que el PP subraya la “objetividad” del expediente. Los populares afirman que el ERE “pone orden en el caos, las injusticias y el sobredimensionamiento que generó (el exalcalde) Pedro Pacheco en la plantilla”. “Es una medida dolorosa, pero necesaria”, zanja el PP.