Vila-real lleva al fiscal a una empresa del ‘caso Gürtel’

El alcalde de Vila-real, José Benlloch (PSPV), anunció ayer que llevará ante la Fiscalía la autorización por parte del anterior regidor, el popular Juan José Rubert, de endosar a una entidad bancaria el pago de casi 600.000 euros a la constructora Piaf SL, vinculada al caso Gürtel por la presunta financiación irregular del PP valenciano.

En concreto, Rubert autorizó la semana previa a las elecciones municipales de mayo de 2011 que el banco adelantara a Piaf más de 290.000 euros por las obras de reforma de la comisaría de Policía Local. Y tan sólo un día antes de ceder la alcaldía a Benlloch, el adelanto de otros 277.000 euros en facturas que no han podido ser acreditadas y que, en algunos casos, se trata de trabajos que fueron realizados por trabajadores municipales pero facturados a la empresa investigada.

“Vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias”, dijo ayer Benlloch tras anunciar que ya han encargado un nuevo informe “detallado” que entregarán a la Fiscalía. Esto llega después de que el pasado mes de mayo se abriera un plazo para que tanto la empresa, como los responsables del anterior equipo de gobierno y la entidad bancaria que ahora reclama ese dinero al consistorio justificaran la legalidad de esas facturas. Algo que no han acreditado.

En sólo tres días

En el caso de las obras de la comisaría, el exalcalde alegó que endosó la factura al banco “a la vista de la certificación de obra que la acompañaba”. Rubert tardó sólo tres días en autorizar que Piaf cobrara los 290.000 euros desde que se presentó la factura.

Pero ahora, el informe del interventor municipal constata que tal certificación no existía. El arquitecto del Ayuntamiento confirmó que ese documento no existe y ni tan siquiera se ha llegado a emitir “porque los trabajos no se han finalizado”. Dos meses después, en junio de este año, el arquitecto insiste: “En mi condición de técnico director de las citadas obras, no he expedido ni suscrito la referida certificación de obras”.

Además, el interventor concluye que el endoso bancario se llevó a cabo a escondidas: se supo de la factura sólo cuando el banco envió un correo electrónico en octubre de 2011 reclamando el reintegro a través del plan de pago a proveedores del Gobierno. Ni Tesorería, ni la Intervención Municipal tuvieron constancia de la factura ni su firma consta en la autorización de endoso.