Ourense se niega a investigar el pago de facturas sin justificar

El Ayuntamiento de Ourense autorizó el pago de servicios prestados por la empresa que gestiona la asistencia a domicilio, Troncoso Saludges Sociosanitarios, antes de que fuesen realizados. Una factura de 130.999 euros del segundo semestre de 2008 y fechada a 31 de diciembre de ese año, salió del registro de Servicios Sociales el 19 de diciembre. De esta forma, fue firmada por la concejala, Marga Martín, y por la jefa de servicio, Marta Rodríguez, 12 días antes de ser datada por la empresa, por lo que esta facturó servicios al Ayuntamiento dos semanas antes de ser prestados.

No figura en ningún sello de entrada porque, según el interventor municipal, “el Ayuntamiento no obligaba a anotar las facturas por registro de entrada”, por lo que eran directamente entregadas a la concejalía. El informe de Hacienda que da el visto bueno a la factura está firmado un día antes de la fecha oficial de la factura.

El grupo de gobierno de Ourense (PSOE-BNG) rechazó ayer la creación de una comisión de investigación sobre este servicio, pese a que el fiscal ha abierto una investigación sobre su adjudicación a la concesionaria y pese a que el Ayuntamiento le pagó a esta empresa 236.000 euros en facturas sin justificar. El PP solicitó la comisión “para investigar las irregularidades detectadas en el pliego de cláusulas administrativas” y la “gestión indirecta”. Los populares denuncian “dificultades” para acceder a la información solicitada al alcalde y a la concejala de Servicios Sociales. La oposición (PP y Democracia Ourensana) denunció que el gobierno local les enseñó facturas diferentes a las que luego vieron en el archivo del interventor. La edil responsable del servicio, Marga Martín, explicó que no “cree que las facturas de los técnicos y las del interventor sean distintas”. Las facturas “están ahí y si tienen sospechas vayan a adónde tengan que ir”, concluyó.

El gobierno justifica el pago con listados genéricos de usuarios, auxiliares y con informes de la Concejalía de Hacienda. La edil asegura que la oposición “pide la investigación para defender los intereses de un empresario militante del PP”. DO anunció que llevará al juzgado los pagos presuntamente irregulares.