Los ciclistas protestan contra un carril bici peligroso que costó 36 millones

Hace apenas una semana, el pelotón de la Vuelta a España ocupaba todo el ancho de la calzada en su recorrido por la PO-325, que une el Val Miñor con Vigo. Menos comodidad se impone a los ciclistas que usan habitualmente ese vial, en proceso de reforma impulsada por la Xunta, incluido el tramo entre Baiona y A Guarda. Los deportistas deberán circular por un carril bici que, pese a los 35,7 millones de presupuesto, supone un “peligro” para su seguridad y la de los peatones. Por ello, se han organizado en las redes sociales y el pasado domingo celebraron una marcha de protesta, con más de 200 asistentes.

 Cesar Cabreira, portavoz del grupo de afectados, enumera una retahíla de “fallos” en la construcción del proyecto, que debería estar inaugurado pero que no se acabará hasta finales de este año. El carril, por el que deben circular los ciclistas en ambos sentidos, es “muy estrecho”, siempre menos de dos metros de ancho. En algunas zonas “aparecen aceras sin señalización” y en muchos puntos se topan con los más diversos obstáculos: contenedores, coches aparcados, paradas de bus. Los reflectantes plásticos que lo separan de la carretera pueden provocar caídas, alerta, aunque más peligrosos aún son los colocados en el tramo entre Oia y A Guarda, de cemento. “No tiene sentido”, sentencia el ciclista.

Además, critica que se les pretenda obligar, bajo amenaza de 600 euros de multa, a circular por el carril a los que practican este deporte a un nivel más competitivo que el mero paseo. Considera “inviable” que todos los corredores transiten por el espacio asignado. De todos modos, incide en que el proyecto está “fatal hecho”, también para los peatones —que en algunos tramos tienen que optar entre el carril bici o la carretera— y para los que utilizan la bici para pasear o como medio de transporte.

La ejecución de esta infraestructura ha estado marcada por la polémica desde que el Gobierno bipartito presentó en 2008 su proyecto de reforma. Este exigía expropiaciones mayores al incluir, además del carril bici, una senda peatonal. En aquel momento, un grupo de propietarios afectados ejerció una activa protesta, a la que, meses antes de las autonómicas, se sumó el PP. Esgrimían razones de seguridad similares a las que ahora argumentan los ciclistas. El vial estuvo jalonado con expresivos carteles, decorados con cruces y tumbas, advirtiendo de que, de llevarse a cabo, habría muertes.

Sin embargo, una vez que los populares lograron la Xunta y remodelaron el proyecto, reduciendo un 75% el terreno a expropiar, las críticas se acallaron. Las pancartas desaparecieron en favor de los numerosos paneles de la Consellería de Infraestruturas, con la información oficial de la obra. Pese a la merma que sufrió el diseño, los costes son más altos ahora; de los 21,3 millones del proyecto original de la consellería dirigida por María José Caride, a los 31,9 actuales, según nota de prensa, ya que el presupuesto definitivo no figura en ningún boletín oficial. A ambas cantidades habría que añadir el valor de las expropiaciones, no cifrado por el bipartito, pero más elevado que los cuatro millones asignados actualmente.

Fuentes del departamento autonómico insisten en que el resultado, fruto del “consenso” con los propietarios, “mejora la seguridad” de peatones y ciclistas “al ensanchar la plataforma y crear una banda diferenciada para su circulación”. En la modificación del proyecto concerniente al tramo entre Vigo y Nigrán publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) figura que la anchura del trazado se reduce en 2,5 metros, de 13,5 a 11. Usuarios de vehículos a motor consultados apuntan que se han estrechado los carriles.

“Era mucho mejor el proyecto anterior”, sentencian desde Tranvías Eléctricos de Vigo, el mayor propietario de terrenos, ya que era la empresa encargada de gestionar el antiguo tranvía que discurría por este vial. Un portavoz augura que, como ya ocurrió cuando se hizo la obra en 1983 —la primera carretera construida por el Gobierno autónomo—, la reforma se quedará obsoleta en pocos años y se necesitará volver a ampliar, lo que volverá a generar crispación social. Tranvías Eléctricos de Vigo alerta también de que los intereses por las expropiaciones siguen creciendo, puesto que “a nadie se le ocurrió” revocar el expediente de ocupación urgente, declarado en 2008.