Un cargo de Cañete recorre municipios del litoral para prometer la legalización de casas

Entre el goteo de promesas electorales que empiezan a lanzar al vuelo los partidos regresa la de solucionar el problema de las edificaciones junto a la costa. Con el caso paradigmático de los núcleos costeros tradicionales de Marín ya bastante encauzado tras la aprobación de su plan de ordenación, los afectados de otros municipios con un estatus menos claro quieren garantías de que la reforma en trámite de la Ley de Costas se ocupará de sus casos. El conselleiro de Territorio, Agustín Hernández, pasó ayer por Moaña y Vilanova de Arousa para transmitir a los afectados el mensaje de que el PP no se olvida de ellos, acompañado del director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra, venido desde Madrid. La visita dio para poco más que el socorrido “estamos trabajando en ello” y, en el caso de Moaña, para sembrar dudas sobre su posible encaje en la reforma esbozada por el Ministerio de Medio Ambiente.

“Es muy pronto para saberlo, estamos identificando los problemas, hay distintos tramos de deslinde, afectados que eran propietarios de terrenos y otros que no”, señaló Saavedra en la localidad de O Morrazo, tras reunirse junto a Hernández con el alcalde, José Fervenza, del PP, y representantes de la asociación de afectados, y con la ausencia de última hora del presidente provincial, Rafael Louzán, que había anunciado que asistiría. El anteproyecto hecho público en julio de reforma de la ley de Costas prevé la reducción de la servidumbre de dominio público de 100 a 20 metros, pero para el caso de Moaña, donde en algún caso las viviendas afectadas están levantadas sobre la arena en edificios de varias plantas de arquitectura nada tradicional, el remiendo normativo no es suficiente. Fervenza defendió en el Parlamento autónomo hace dos años una reforma mucho más atrevida, que llegaba a plantear cambios en las condiciones de uso del dominio público. Aquel texto se envió a Madrid para su discusión, abortada con la propuesta de Cañete, que pretendía refundir las reclamaciones llegadas de toda España. Enterrada aquella idea, el alcalde apuesta ahora por realizar un nuevo deslinde que permita consolidar el hormigón en primera línea de playa. “No es que estemos en contra de la ley, pero sí a favor de modificar algún punto”, dijo. El director general no quiso comprometerse. “Hay que ver si es posible el equilibrio entre satisfacer las demandas de los afectados y la protección del dominio público”, advirtió Saavedra, que solo fue tajante para asegurar que no se va a “rebajar el nivel de protección del dominio público”. “Es un asunto complejo que requiere tiempo”, despejó, y apuntó, sin mucho entusiasmo, a otra posible solución “por vía administrativa”.

Los afectados se aferran a que muchas de las viviendas en peligro se adquirieron con licencia municipal. José Gallego, portavoz de la asociación, apreció la “buena disposición” de los dirigentes populares, pero también expresó dudas. “Este debe ser el tercer o cuarto director general con el que nos reunimos. Si el Gobierno tiene intención de resolver el problema, por nosotros mejor imposible, pero lo vemos difícil”. El conselleiro se salió igualmente por la tangente.”"Tenemos abierta una línea de entendimiento con el Ministerio, y hoy nuestro objetivo no era cerrar nada al 100%. La modificación legal ya tiene en cuenta en parte las demandas de la Xunta en relación con los núcleos”. El anteproyecto legal prevé rebajar la protección pero solo para aquellos suelos equiparables al urbano según los servicios y abastecimiento de que disponían en 1988, lo que no daría cobertura a áreas transformadas a partir de entonces.