Griñán y Chaves acudirán el 25 de septiembre a la comisión de los ERE

La comisión parlamentaria de investigación de las irregularidades en los ERE de la Junta de Andalucía se reanudará el día 20 con una decena de comparecientes, entre los que se incluyen el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, citados ambos para el día 25, después de que se aplazara su comparecencia en agosto.

El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha informado este miércoles de que entre los citados también estarán la exconsejera Magdalena Álvarez y el empresario y exalcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla, ambos el día 24, cuyas comparecencias también quedaron pendientes en la primera ronda. A ellos se sumarán el día 20 el sindicalista e intermediario Juan Lanzas, el administrador de la aseguradora Uniter, José González Mata, y el responsable de la aseguradora Vitalia, Antonio Albarracín, todos ellos propuestos por PSOE e IU. Además, el 21 de septiembre están citados los tres últimos directores de la Agencia de Innovación y Desarrollo (Idea), Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete y Antonio Valverde.

La comisión ha desestimado la mayoría de los 122 comparecientes propuestos por el PP, entre los que se encontraban el exministro Valeriano Gómez, el exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín o el consejero de Turismo Rafael Rodríguez (IU).

Entre los documentos que se van a solicitar se encuentra el informe jurídico de Garrigues, el expediente completo del informe de la Cámara de Cuentas, el informe de ayudas del exdirector de Trabajo Daniel Rivera, el expediente de informes reservados de la Consejería de Empleo sobre ayudas otorgadas a empresas y el plan de acción de esta misma consejería. Además, se pedirá el informe de la UCO sobre la posible destrucción de documentos, el expediente completo del ERE en la Faja Pirítica tramitado por el Gobierno central, el informe de resultados elaborado en 2011 sobre ese expediente y las pólizas de ayudas concedidas en esta misma zona.

Por otro lado, también se ha conocido este martes que la juez de instrucción encargada del caso, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de más de 490 millones euros al exviceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá, para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de 624 millones. En un auto dictado el 31 de julio, la juez impone además una fianza civil de 173 millones al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, para quien anticorrupción pidió una fianza de 205 millones. Por último, al sucesor de Márquez, Daniel Alberto Rivera, la juez le impone otra fianza de 7,2 millones, para él la fiscalía solicitó el pago de 57 millones de euros.

En total, la juez que investiga los ERE fraudulentos ha exigido a estos tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo 671,5 millones de euros en fianzas, las cuales no tienen por objeto eludir la prisión sino hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que se determinarían en un futuro. "Resulta evidente", se señala en el auto difundido por Europa Press, que las medidas cautelares adoptadas "tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".

En el auto, la juez advierte de que, en caso de que los tres imputados no depositen la fianza exigida en el plazo previsto, se ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades. Los tres exaltos cargos comparecieron ante la juez instructora el pasado mes de julio, tras lo que fueron puestos en libertad con cargos.