El fondo de maniobra del Consell se deteriora tras aflorar toda la deuda
El Consell tuvo 15.943 millones de gasto y contabilizó 9.295 de ingresos en 2011
La Generalitat acabó 2011 colgada del precipicio. El Consell publicó ayer la contabilidad del año pasado y los números revelan que Alberto Fabra apenas tenía dinero para mantener en pie la Administración valenciana el pasado mes de enero. Las alarmas se encendieron el 27 de diciembre de 2011 cuando el Consell fue incapaz de devolver un crédito de 123 millones de euros del Deutsche Bank y tuvo que pedir al banco unos días más para hallar una solución, que llegó de la mano de un aval del Gobierno central.
Desde entonces, la Comunidad Valenciana depende de las líneas de crédito y los anticipos que el Gobierno de Mariano Rajoy suministra a la Generalitat, todavía insuficientes para paliar la grave situación financiera.
Una cuenta general en números rojos
Dos sistemas. La cuenta general de la Generalitat incluye el resultado presupuestario del ejercicio y el resultado económico y patrimonial de la Administración valenciana. Los sistemas utilizan conceptos distintos, porque el primero refleja el resultado del ejercicio presupuestario y el segundo el balance global de las cuentas.
Déficit único y cifras dobles. El déficit del ejercicio todavía no es definitivo, aunque rondará el 4,6%. La cuenta general ofrece, en cambio, dos cantidades distintas en ingresos y gastos, según se trate del resultado presupuestario o el económico patrimonial. El presupuesto se cerró con 1.543 millones de descuadre, porque los recortes y los créditos solicitados no fueron suficiente para equilibrar los 3.642 millones de diferencia entre gastos e ingresos. Desde el punto de vista económico y patrimonial, el desfase real del ejercicio entre ingresos y gastos fue casi el doble y ascendió a 6.678 millones de euros.
Deudas. El resultado económico patrimonial de la Generalitat si refleja las facturas en los cajones que no se contabilizaron en el presupuesto. Así, se recoge que la cantidad adeudada a acreedores a corto plazo pasó de los 10.889 millones de euros en 2010 a los 17.314 del año pasado. Un incremento inusual que se refleja después de que el consejero de Hacienda hiciese aflorar las facturas sin consignación presupuestaria en el plan de reequilibrio financiero presentado el pasado mes de abril. Las deudas a largo plazo también se incrementan de 8.387 millones en 2010 a los 9.014 del ejercicio pasado.
Las cifras difundidas ayer revelan que las empresas de la Generalitat, en general, siguieron incrementando sus pérdidas, pese a que la reestructuración estaba decidida.
La cuenta general de 2011 hecha pública ayer por el consejero de Hacienda, José Manuel Vela, mantiene que la Generalitat cerró el año pasado con un déficit de 1.543 millones.
Se trata de la misma cifra que ofreció el propio consejero de Hacienda en una comparecencia pública el pasado 23 de febrero. Sin embargo, dos meses después el propio Consell, en la presentación del plan de reequilibrio financiero necesario para poder acogerse al plan de pago a proveedores arbitrado por el Gobierno, admitió que el déficit final de 2011 sería finalmente superior al 3,6% del PIB.
En el plan de reequilibrio, Vela hizo aflorar centenares de millones de euros que no tenían cobertura presupuestaria [las denominadas facturas en los cajones], y apuntó que el déficit de 2011 se cerraría finalmente más cerca del 4,6% del PIB que del 3,6%.
Lo que desvelan las cifras hechas públicas ayer por el Consell es la gravedad de la situación financiera de la Generalitat desde el punto de vista económico y patrimonial, que incluye conceptos que no entran en el resultado presupuestario. Así, según esas cifras, el Consell gastó 15.943 millones de euros y solo pudo ingresar 9.295 millones. Los 6.648 millones de diferencia se compensaron con créditos y recortes de gasto que redujeron notablemente esta diferencia desde el punto de vista presupuestario.
Es difícil encontrar datos positivos en las cuentas de 2011, porque los indicadores negativos son los más numerosos y sí reflejan la deuda aflorada en el plan de reequilibrio de la Generalitat. Las cifras son demoledoras: la deuda con acreedores a corto plazo se disparó desde los 10.889 millones de 2010 hasta los 17.314 millones de 2011. Y la deuda a largo plazo aumentó en otros 627 millones de euros.
La difusión de las cifras de la cuenta general de 2011 de la Generalitat incrementaron las dudas sobre la solvencia de la Generalitat y la fiabilidad de sus datos.
Tanto que el propio consejero de Hacienda, José Manuel Vela, tuvo que emitir un comunicado en el que recalcó que los conceptos utilizados para contabilizar el resultado presupuestario y el resultado económico-patrimonial de la Generalitat son distintos.
Vela explicó que parte del desfase entre los ingresos y los gastos de la cuenta presupuestaria y la cuenta económico-patrimonial obedece, entre otras cuestiones, a que la última incluye la devolución del dinero que se cobró de más en el sistema de financiación autonómica. Un dinero que el Gobierno central ha decidido recuperar en próximos ejercicios y que no se tiene en cuenta en la liquidación del presupuesto de 2011.
El consejero de Hacienda intenta minimizar la gravedad de las cuentas
“Hay que tener en cuenta que el resultado económico patrimonial no tiene ninguna relevancia a efectos del cumplimiento del déficit”, insistió el consejero. Pero ello no quita un ápice de hierro a los números de la cuenta económico-patrimonial, que revelan cómo el fondo de maniobra de la Generalitat está hecho añicos.
La difusión de las cifras de la cuenta general de 2011 de la Generalitat incrementaron las dudas
Así, los números revelan que, mientras los acreedores a corto plazo reclaman a la Generalitat 17.314 millones de deuda, el Consell solo tiene deudas pendientes de cobrar por valor 1.433 millones de euros. Prácticamente la misma cantidad que en 2010, cuando lo que la Administración valenciana debía a sus acreedores a corto plazo ascendía a 10.889 millones de euros.
El titular de Sanidad da nuevas largas a los farmacéuticos
Con este escenario de caja, no es extraño que el Consell tenga que ir dando largas a sus acreedores. Ayer mismo, el consejero de Sanidad, Luis Rosado, reunió a los colegios provinciales de farmacéuticos para disculparse por el nuevo incumplimiento en los plazos de pago y les aseguró que cobrarán el medio mes de marzo y el mes de abril pendientes —180 millones— antes de que finalice octubre.
Y ello, a pesar de que este mismo año, el Consell ya ha sustituido buena parte de la deuda a corto plazo por deuda a largo gracias a las líneas de crédito abiertas por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El capítulo referido a los ingresos de la cuenta general de la Generalitat de 2011 también permite comprender cómo la Administración valenciana se colocó al borde del precipicio el año pasado.
Los ingresos procedentes de la participación en la recaudación por IRPF, IVA e impuestos especiales aumentaron, pero los tributos propios se desplomaron a niveles inimaginables. Las previsiones presupuestarias realizadas por el Consell se quedaron muy lejos de la realidad. En conjunto, un 17% menos de lo previsto. Del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se pretendían recaudar 640 millones de euros y solo se recogieron 442. Del impuesto de actos jurídicos documentados el Consell dijo que recaudaría 690 millones y solo recaudó 226 millones. En la mayoría de tasas, con partidas consignadas más pequeñas, las recaudaciones fueron mucho menores de lo previsto. La situación se vio compensada, en parte, por el buen comportamiento de algún tributo, como el de sucesiones y donaciones, que se dobló respecto a los 61 millones presupuestados.
Las empresas públicas empeoran
Si las cuentas de la Administración valenciana no salen muy bien paradas, las de la gran mayoría de las empresas públicas son desastrosas. La mayoría de ellas, en vez de mejorar sus resultados, los empeoraron y los esfuerzos por reducir gasto, si los hubo, no fue significativo en la mayoría de las firmas.
Una situación que agrava los problemas de reestructuración del sector público empresarial valenciano y la conflictividad social. El Consell ya ha empezado a ejecutar los expedientes de regulación de empleo en el Instituto Valenciano de la Vivienda, Ciegsa y Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), pero en los próximos meses serán muchas más empresas públicas las sometidas a un régimen de adelgazamiento.
El problema para el jefe del Consell es que la herencia recibida es de su propio partido.
El ruinoso negocio de la F-1
La empresa de la Generalitat Circuito del Motor y Promoción Deportiva firmó un contrato en 2008 con Valmort Sport, SL, sociedad privada promotora del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia, por el que se encargaba de la organización material de la prueba. Según la memoria de la cuenta general, Valmort Sport le debía a finales de 2011 un importe facturado de 12,6 millones de euros por las carreras de 2008, 2009 y 2010, y otros dos millones sin facturar por la de 2011. A esos 14,6 millones, que según el auditor deberían reflejarse en una “provisión por insolvencias” en las cuentas, sumó después Circuito del Motor al menos otros 16,3 millones de deudas de Valmort Sport una vez decidió la empresa pública a finales de 2011 comprar esta sociedad por menos de un euro para la “gestión directa” de la carrera. Circuito del Motor perdió 1,1 millones en 2010 y 4,1 millones en 2011.
La Sociedad Proyectos Temáticos abocada al cierre
La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, brazo armado de la Generalitat para la ejecución de proyectos emblemáticos y la gestión de los grandes eventos, afrontaba a finales de 2011 una de las causas de disolución previstas legalmente ante el desfase entre sus fondos propios y las deudas que arrastraba. El Consell, como viene siendo habitual desde la fundación de la empresa en 1996 para construir Terra Mítica en Benidorm, acordó en abril una ampliación de capital de 90 millones de euros para salvar los problemas contables. Pero a finales de 2011, la Generalitat, único socio de la entidad, apenas había desembolsado 33 millones de euros. Para mantener la empresa en funcionamiento, SPTCV solicitó hasta cuatro préstamos a corto plazo durante 2011 que suman 80 millones de euros.
Ciegsa, con una deuda de 2.500 millones
La empresa pública autonómica más endeudada es Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (Ciegsa). Creada el año 2000 para construir y reformar centros docentes, ha acumulado a lo largo de su funcionamiento un lastre de tal calibre que el Consell ya ha dejado de utilizarla en la práctica. Hoy es, en realidad, un paquete de deuda descomunal sometido a “tensiones de liquidez y aplazamientos de los pagos en el corto plazo”. Según la cuenta general, Ciegsa tenía en 2011 préstamos pendientes por 2.476 millones de euros, lo que supuso un incremento respecto a los 2.332 millones correspondientes al ejercicio anterior. La auditoría señala, como en la práctica totalidad de empresas de la Generalitat, que Ciegsa incurría en el supuesto de disolución, una situación que fue corregida durante el ejercicio de 2012.
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