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Economía admite retrasos en las prejubilaciones pero ataca a Generali

La aseguradora interrumpe los abonos al no recibir el dinero de la Junta

El Gobierno andaluz pretende rebajar las comisiones de la compañía

Trabajadores de Santana protestan en Sevilla.
Trabajadores de Santana protestan en Sevilla.

El Gobierno andaluz y la aseguradora Generali se han enredado en las últimas horas en un cruce de acusaciones sobre los retrasos en el pago de las pólizas de todos los prejubilados por Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Mientras Generali justifica la interrupción en el pago de las prestaciones desde el mes de julio porque no les llega el dinero de la Junta, desde la Consejería de Economía y Empleo se admiten los retrasos en las transferencias pero se indica que con el dinero abonado hasta ahora hay suficiente para que los trabajadores cobren sus mensualidades.

Generali Seguros reaccionó ayer a la carta enviada el jueves por la Junta a su consejero delegado, Jaime Anchústegui, instándole a reanudar de forma “inmediata” el pago de las prestaciones de todas las pólizas de los prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en Andalucía. Y lo hizo a través de un comunicado en el que achacaba la suspensión de los pagos “única y exclusivamente a los incumplimientos de la Junta”. Además, indicaba que ha remitido a la Junta una nueva propuesta de calendario de pagos que, de “ser aceptada y cumplida por la Junta, permitiría reanudar el normal pago de las rentas”.

Un total de 38 empresas tienen contratadas, con Generali y el coaseguro de otras aseguradoras, 45 pólizas que instrumentan el pago de unas prestaciones derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo a favor de 2.639 trabajadores andaluces. La compañía asegura que, pese al “incumplimiento reiterado” por parte de la Junta, han venido haciendo frente a los compromisos a razón de más de 59 millones por año, lo que le ha provocado “un evidente desequilibrio contractual que es absolutamente necesario corregir”.

Pero la el Gobierno autónomo cargó ayer contra la posición de fuerza que está adoptando Generali. Un portavoz de la Consejería de Economía admitía los retrasos en los pagos, aunque se entiende que el dinero transferido hasta ahora y el que ha pagado la aseguradora a los trabajadores “está equilibrado”. La Junta argumenta que no puede adelantar más dinero hasta que no se cierre la negociación abierta con Generali, y que tendrá su punto culminante en la reunión del próximo día 24. Una negociación que no solo incluye un nuevo calendario de pago, sino también la cantidad de las comisiones de las mediaciones que perciben los coaseguros y que la Junta sostiene que son “excesivamente elevadas y fuera de las condiciones de mercado”, por lo que ha instado a su revisión.

Con todo, Generali exige a la Junta el inmediato pago de los 9,5 millones que ha dicho que se abonarían en las próximas semanas, al tiempo que considera que las cantidades satisfechas durante el ejercicio de 2011 se corresponden “tan solo a una parte de los compromisos asumidos por la Junta y que están siendo abonados con un notable retraso y por una cuantía inferior a la comprometida”. La firma aseguradora sostiene que los 74,4 millones de euros, que la Junta declara haber abonado en 2011 “solo corresponden a una parte del primer plazo de las primas de once de las 45 pólizas que debían haber sido abonadas”. Respecto a los 19,7 millones abonados en 2012 corresponden a pagos del ejercicio anterior, según Generali.

Mientras, los antiguos trabajadores de Santana volvieron a concentrarse ayer en Linares (Jaén) para exigir a la Junta y a Generali el desbloqueo en el pago de las pólizas. Los exempleados de la factoría de automoción y sus compañías dependientes han recibido en las últimas semanas por parte de la Junta promesas, sucesivamente incumplidas, de una solución inminente a los impagos. El pasado 8 de agosto, la delegada de la Junta en Jaén, Purificación Gálvez anunció que Generali Seguros iba a recibir “de forma prácticamente inmediata” la partida necesaria para satisfacer las rentas de prejubilados de diversas empresas de Linares.

La inquietud es especialmente grande para los 800 prejubilados mayores de 50 años que están a la espera de recibir sus pólizas, que temen que tenga que ser el Gobierno central quien autorice a la Junta el pago de estas pólizas por suponer una modificación del gasto público y del endeudamiento de la comunidad. Esta advertencia ha sido trasladada a los sindicatos por parte de la aseguradora Caixa Vida, que es quien tramita las prejubilaciones derivadas del Plan Linares Futuro. Pero en fuentes de la Junta se cree que esa autorización del Gobierno central no será necesaria al tratarse de un pago consignado en los Presupuestos autonómicos de este ejercicio.

Aun así, el hecho de haberse agotado ya, sin éxito, el plazo de 10 días que se dio la Junta para formalizar la orden de pago para los prejubilados de la firma Arpa (que debía ser la primera) ha encendido las alarmas entre los exsantaneros, máxime cuando muchos de ellos ya han agotado todas sus prestaciones económicas y se da el caso de algunas familias que han empezado a recibir órdenes de desahucio de sus viviendas.