Socios a pesar de todo

El Gobierno de Convergència i Unió y el Partido Popular han llegado al verano escenificando un distanciamiento mutuo: el PP, por ser apartado del consenso catalán por el pacto fiscal, y CiU, hastiada del trato que recibe del Gobierno de Mariano Rajoy. El enfriamiento deja en el aire una alianza duradera que ha servido de sostén al Ejecutivo de Mas. Pese a que el portavoz catalán, Francesc Homs, negaba hasta la semana pasada la existencia de un acuerdo con el PP, las cifras se empeñan en desmentirle. Desde que se inició la legislatura, el Gobierno de Mas ha tramitado en el Parlament 18 leyes. El PP ha votado a favor o se ha abstenido para facilitar su aprobación en 16 de ellas.

En la mayoría de los casos (10), el apoyo del PP ha sido vital para el Ejecutivo, que no habría podido sacar adelante las normas sin la formación dirigida por Alicia Sánchez-Camacho. La política económica es la que mejor ejemplifica esta alianza. Los votos de CiU y el PP han servido para aprobar los dos presupuestos y las leyes que los acompañan, cuatro normas en las que la abstención de los populares fue imprescindible para que Mas saliera airoso. Las cuentas han servido para consagrar los recortes e implementar nuevos impuestos, como el euro por receta y la tasa turística. El voto favorable del PP también ayudó a CiU a eliminar el impuesto de sucesiones, caballo de batalla entre Gobierno y oposición durante toda la legislatura.

Populares y nacionalistas sumaron esfuerzos además para aplazar la aplicación de las veguerías (en esta ocasión se sumó Ciutadans) hasta lograr el permiso legislativo del Gobierno central para modificar el marco de las provincias.

Las votaciones relacionadas con los medios públicos también han reflejado la alianza entre CiU y el PP. La ley ómnibus del audiovisual, redactada para reducir el número de consejeros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y del Consejo del Audiovisual de Cataluña, y para estudiar la supresión de la publicidad en Catalunya Ràdio, se selló gracias al socio del Gobierno de Mas.

El control de los medios públicos es el punto de acuerdo entre CIU y PP que más ampollas ha levantado en Esquerra Republicana. Desde que Oriol Junqueras se hizo con el control del partido, en otoño de 2011, los republicanos han intentado seducir al Gobierno para ocupar el lugar del PP y convertirse en su socio preferente. Un ofrecimiento sin traducción legislativa. Los republicanos solo han apoyado tres leyes tramitadas por el Ejecutivo, y en ninguna de las votacionessu apoyo fue imprescindible. Por ejemplo, apoyó junto a todos los partidos la modificación del libro tercero del código civil para cambiar los estatutos de las fundaciones; cuando el Gobierno quiso hacer un nuevo cambio para relajar el control sobre éstas, se valió del PP.

El PSC sí fue básico para Mas en dos leyes, aunque ninguna de la importancia de los Presupuestos: los socialistas apoyaron la modificación de la autoridad catalana de la competencia y la ley 'ómnibus' dedicada al urbanismo. Las leyes ómnibus, llamadas así porque bajo un nombre genérico se modificaban decenas de leyes existentes, contaron con el apoyo variable de PSC, ERC y PP.

Pese a que la formación de Sánchez-Camacho es la aliada más fiable del Gobierno, en el Parlament hay un socio todavía más fiel: se trata del diputado no adscrito Joan Laporta, que desde que dejó de formar parte de Solidaritat ha votado a favor de todas las leyes propuestas por el Gobierno de CiU. La suma habitual de su voto con la de los 62 parlamentarios nacionalistas le ha valido un apodo, acuñado por la oposición: “El diputado 63”.

A las 18 leyes propuestas del Gobierno se suman otras tres impulsadas desde la oposición. En total, el Parlament ha aprobado 21 leyes en lo que lleva de legislatura, cuatro periodos de sesiones. A estas alturas, el tripartito sumaba veinte normas. La poca actividad legislativa del Gobierno de Mas, sumado a las numerosas modificaciones que se hicieron de un plumazo con las leyes ómnibus, explican la ventaja del anterior Gobierno. El Ejecutivo de PSC, ERC e ICV fue de los más activos de la historia.

El Gobierno de Mas contrapone su poca actividad legislativa con un proyecto al que ha dedicado toda la legislatura, el pacto fiscal. Paradójicamente, el nuevo modelo de financiación solo se ha votado una vez en el Parlament, en la última sesión que se celebró antes de las vacaciones. Los votos de CiU, ERC e Iniciativa, con la adhesión en algunos puntos del PSC, consagraron la propuesta de pacto fiscal que Mas deberá defender ante Mariano Rajoy.

A la vuelta de las vacaciones, el Gobierno iniciará la segunda parte de la legislatura, diseñada para negociar el modelo de financiación. El Parlament retomará su actividad el 25 de septiembre, con el debate de política general. Será cuando el PP tiene previsto verbalizar su rotura con el Gobierno, y Esquerra enfatizar su oferta para convertirse en el aliado principal del Ejecutivo.

El control de los medios públicos es el punto de acuerdo entre CiU y el PP que más ampollas ha levantado en Esquerra Republicana. Desde que Oriol Junqueras se hizo con el control del partido, en otoño de 2011, los republicanos han intentado seducir al Gobierno para ocupar el lugar del PP y convertirse en su socio preferente. Ha sido un ofrecimiento sin traducción legislativa. Los republicanos solo han apoyado tres leyes tramitadas por el Ejecutivo y en ninguna de las votaciones su apoyo fue imprescindible. Por ejemplo, apoyó con todos los partidos la modificación del libro tercero del Código Civil para cambiar los estatutos de las fundaciones; cuando el Gobierno quiso hacer un nuevo cambio para relajar el control sobre estas, se valió del PP.

El PSC sí fue básico para Mas en dos leyes, aunque ninguna de la importancia de los presupuestos: los socialistas apoyaron la modificación de la autoridad catalana de la competencia y la ley ómnibus dedicada al urbanismo. Las leyes ómnibus, llamadas así porque bajo un nombre genérico se modificaban decenas de leyes existentes, contaron con el apoyo variable del PSC, ERC y el PP.

Pese a que la formación de Sánchez-Camacho es la aliada más fiable del Gobierno, en el Parlament hay un socio todavía más fiel: el diputado no adscrito Joan Laporta, que desde que dejó de formar parte de Solidaritat ha votado a favor de todas las leyes propuestas por el Gobierno de CiU. La suma habitual de su voto al de los 62 parlamentarios nacionalistas le ha valido un apodo, acuñado por la oposición: “el diputado 63”.

A las 18 leyes propuestas del Gobierno se suman otras tres impulsadas por la oposición. En total, el Parlament ha aprobado 21 leyes en lo que lleva de legislatura, cuatro periodos de sesiones. A estas alturas, el tripartito sumaba 30 normas. La poca actividad legislativa del Gobierno de Mas, sumada a las numerosas modificaciones que se hicieron de un plumazo con las leyes ómnibus, explica la ventaja del anterior Gobierno. El Ejecutivo del PSC, ERC e ICV fue de los más activos de la historia.

El Gobierno de Mas contrapone su poca actividad legislativa a un proyecto al que ha dedicado toda la legislatura, el pacto fiscal. Paradójicamente, el nuevo modelo de financiación solo se ha votado una vez en el Parlament, en la última sesión que se celebró antes de las vacaciones. Los votos de CiU, ERC e Iniciativa, con la adhesión del PSC en algunos puntos, consagraron la propuesta de pacto fiscal que Mas deberá defender ante Mariano Rajoy.

A la vuelta de las vacaciones, el Gobierno iniciará la segunda parte de la legislatura, diseñada para negociar el modelo de financiación. El Parlament reanudará su actividad el 25 de septiembre, con el debate de política general. Será entonces cuando el PP tiene previsto verbalizar su rotura con el Gobierno, y Esquerra enfatizar su oferta para convertirse en el aliado principal del Ejecutivo.