_
_
_
_

Valencia admite que no hizo estudios del impacto de la F-1

Cholbi, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, lamenta que el Consistorio no haya respondido a la petición de información de los vecinos

El Ayuntamiento de Valencia aseguró a los vecinos del barrio de Nazaret que no había realizado estudios sobre la repercusión económica del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad después de que la alcaldesa, Rita Barberá, anunciara a los medios de comunicación un impacto de 40 millones de euros. En una queja remitida a la Sindicatura de Greuges, la Asociación de Vecinos de Natzaret critica que el Consistorio no haya atendido su petición de información sobre la repercusión económica del circuito urbano de fórmula 1 que albergó la ciudad en junio de 2011.

Ocho meses después de que los vecinos pidieran estos datos al Ayuntamiento de Valencia —días después de que finalizara el Gran Premio, en julio de 2011—, se dirigieron al Síndic, José Cholbi, para protestar por la falta de respuesta del Consistorio. Consultado por la Sindicatura acerca de esta cuestión, el Ayuntamiento aclaró en un escrito que la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 es “competencia de la Generalitat”. “En relación a ello —añadía la Corporación—, la Fundación Deportiva Municipal y el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Valencia no han realizado ningún estudio sobre la repercusión económica que este evento haya podido suponer a la ciudad de Valencia y, en concreto, al barrio de Natzaret”.

Tras conocer la respuesta del Ayuntamiento, los vecinos recordaron al Síndic que el día después de la celebración de la carrera, la alcaldesa de Valencia había manifestado a los periodistas que la organización del Gran Premio había tenido un impacto económico que superaba “los 40 millones de euros”, además de una “repercusión indirecta” por la promoción que se había hecho de la ciudad. Cholbi, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, lamenta que el Consistorio no haya respondido a la petición de información de los vecinos y recuerda que el plazo máximo de resolución administrativa es de tres meses.

Obligada a responder

“La Administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, sin dar más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de lo que razonablemente puede esperarse, y lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal”, remarca el Síndic. Por ello, recomienda al Ayuntamiento que dicte una resolución motivada en contestación a todas las cuestiones planteadas por los autores de la queja.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_