Funcionarios a dedo cobrarán un sobresueldo por arbitrar las preferentes

Si el arbitraje va a ser, como asegura la Xunta, la principal solución al conflicto de las participaciones preferentes de las extintas cajas, el Gobierno gallego tendrá un problema: le faltan árbitros para resolver las miles de peticiones que espera recibir. Para solucionarlo ha comenzado a moverse. Prevé desplazar temporalmente a funcionarios de otros departamentos al Instituto Galego de Consumo para que den salida a esa avalancha de peticiones. Esos funcionarios serán elegidos a dedo por cada consellería y cobrarán un sobresueldo que rondará los 2.000 euros al mes si son capaces de resolver diez arbitrajes al día.

Según informaba el propio Gobierno gallego la pasada semana, el Instituto Galego de Consumo había recibido ya unas 3.000 peticiones de arbitraje. La cifra se podría disparar si, como quieren Xunta y Novagalicia Banco, los afectados optan por esa vía, con la que podrían perder dinero, y no por la judicial, que podría tardar años. De momento, de las 43.000 preferentes que vendieron las antiguas cajas gallegas, apenas 1.700 afectados han optado por la demanda judicial colectiva.

Para dar salida a los miles de arbitrajes que prevé, la Xunta planteará hoy a los sindicatos en la Mesa da Función Pública su propuesta de desplazar temporalmente a Consumo a funcionarios de otras consellerías. En el borrador de instrucción que baraja el Gobierno gallego para mover a esos trabajadores se admite que “el Instituto Galego de Consumo no dispone de personal suficiente en la actualidad para atender en un plazo razonable de tiempo la resolución de dichas reclamaciones de arbitraje de consumo, por lo tanto, precisa que personal de la Administración de la Xunta de Galicia que cumpla con los requisitos legales pueda prestar ese servicio”.

Esos requisitos son básicamente que sean funcionarios y que posean una licenciatura en Derecho. Pero según el texto que maneja la Xunta para presentar hoy a los sindicatos será cada consellería de origen la que decida si un funcionario determinado puede o no irse temporalmente a Consumo y será la Dirección Xeral de Función Pública la que determine el tiempo. Queda así en manos de la decisión política del Gobierno la capacidad de elegir a un funcionario u otro.

En su nuevo destino temporal, en situación de comisión de servicios y cobrando su sueldo habitual de la consellería de origen, la Xunta exigirá a esos funcionarios que “el número mínimo de laudos arbitrales resueltos deberá ser de cinco por día de trabajo”. Pero contempla el pago de una “compensación económica” de forma que “el exceso de laudos arbitrales sobre el mínimo, hasta un máximo de cinco diarios, se abonará a 20 euros el laudo”. Esto es, si uno de esos funcionarios elegido a dedo resuelve diez laudos arbitrales por día podría embolsarse unos 2.000 euros al mes.

El borrador de Instrucción que prepara la Xunta para regular ese refuerzo de funcionarios contempla que esos sobresueldos sean abonados por Consumo al final, cuando el funcionario termine ese trabajo temporal y vuelva a su puesto habitual.