Alcaldes del PP se rebelan contra la Axencia Tributaria de la Xunta

La nueva Axencia Tributaria que creará la Xunta antes de fin de año ha puesto en pie de guerra a varios alcaldes del PP. El motivo es que el nuevo ente supondrá la centralización de servicios de atención al contribuyente que hasta ahora se prestaban externalizados en 42 oficinas comarcales. Los regidores consideran que con ello sus municipios pierden servicios. Por el contrario, la Xunta asegura que los trámites se podrán realizar a distancia y que el ciudadano no notará el cambio.

El alcalde popular de Tui, Moisés Rodríguez, considera el cierre de las oficinas previsto por el Gobierno gallego de su partido “una regresión de los servicios públicos y perjudica gravemente a los vecinos de Tui y del Baixo Miño”, por lo que ha presentado una moción en contra en el pleno municipal. La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, también del PP, critica los “perjuicios” que supondrá la medida, y está movilizando a los regidores de Redondela (que ya aprobó una moción al respecto) Soutomaior y Pazos de Borbén, de su misma formación, para pedir una reunión con la Consellería de Facenda. En A Estrada ya se están recogiendo firmas entre la ciudadanía en contra del cambio. Y así en una larga lista de municipios por toda Galicia.

Las protestas se deben a que la nueva Axencia Tributaria asumirá de forma centralizada funciones que prestaban de forma delegada las denominadas oficinas liquidadoras del Registro de la Propiedad, 42 puntos de atención al ciudadano ligados a los registradores de la propiedad. Aunque no dependían de la Xunta, gracias a un convenio con los registradores en esas oficinas el ciudadano podía, al tiempo que gestionaba su trámite correspondiente ante el Registro de la Propiedad, liquidar ya sus impuestos autonómicos.

La visión del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando anunció en mayo el cambio del sistema, era la del ahorro. “Las 42 oficinas liquidadoras y los Registros de Propiedad existentes podrán seguir actuando como oficinas de presentación, pero dejan de prestar el servicio de liquidación y de cobrarle a la Xunta por ello”, destacó. Pero los trabajadores de esas oficinas destacan que en ellas no solo se recibían los documentos de los ciudadanos, como seguirá pasando ahora para su remisión a la Axencia Tributaria, sino que también había “atención al público y ayuda para las declaraciones, revisión de datos, realización de requerimientos, devolución de ingresos indebidos” y un largo etcétera.

La Xunta indica que aún está negociando el nuevo sistema con los registradores de la propiedad tras su rechazo inicial y da largas a los alcaldes que protestan, a los que informará “en el momento en que se tome una decisión definitiva”. Facenda insiste en que no habrá grandes cambios con la situación anterior y que su intención es ampliar los trámites y actuaciones de asesoramiento que se podrán hacer a distancia, aunque admite que para información en persona habría que desplazarse a las ciudades.

Los trabajadores ponen en duda el futuro del sistema en una comunidad con alta dispersión poblacional y escaso uso de nuevas tecnologías. Indican que otras comunidades en las que ya se dio este paso, como Madrid, Extremadura y Baleares, han tenido que rectificar y devolver competencias a las oficinas liquidadoras.

Aunque a sus reclamaciones se han unido alcaldes de todos los partidos y su principal argumento es la pérdida de servicios de los ciudadanos, los trabajadores de las oficinas liquidadoras que impulsan la campaña contra su desaparición tienen también sus propias motivaciones laborales. Según sus cálculos, con el cambio peligraría el puesto de trabajo directo de unas 140 personas, cifra que se podría elevar al afectar indirectamente la caída de la carga de trabajo a otros empleados de los registros de la propiedad.

Esa pérdida laboral se compensaría en parte con el incremento de trabajadores en la nueva Axencia Tributaria. La Xunta dice que es pronto para concretar el número de incorporaciones, pero los trabajadores afectados las reducen a solo medio centenar en Santiago y Ferrol. Lo que sí establecen lo estatutos del nuevo ente autonómico es que sus trabajadores deberán pasar por una selección abierta y con criterios objetivos. Los de las oficinas comarcales podían ser contratados libremente por cada registrador de la propiedad.