La absolución de dos estudiantes revela irregularidades en atestados

La titular del juzgado de Instrucción número 16 de Valencia absolvió el pasado 18 de julio a dos jóvenes a los que se sometió a un juicio de faltas acusados por la Policía Nacional de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad. Ambos fueron detenidos el 20 de febrero, uno de los más agitados de la ya conocida como primavera valenciana. En concreto, aquel día se realizaron 25 detenciones, 19 correspondientes a mayores de edad y seis casos de menores. La juez María Teresa de Vidiella decidió absolver a los dos estudiantes ante las contradicciones que presentaban no ya los testimonios de los detenidos respecto a la de los policías, sino las que mostraron entre sí los dos agentes que declararon en el juicio y estos con el atestado policial que motivó la denuncia.

Es más, un vídeo grabado por un vecino del lugar en el que se produjeron la carga policial y las detenciones desmiente varios puntos esgrimidos en el informe policial. “Del visionado del DVD aportado no se evidencia actitud violenta por parte de Luis Alonso Zari Alva y de Jordi Anthony Pennock Gisbert”, concluye la juez, que también destaca, “a mayor abundamiento”, que la versión de los dos agentes, uno de ellos jefe de la unidad que acometió la carga, “no es coincidente”. Carlos Montouto, abogado de uno de los acusados, incluso ha anunciado que denunciará a los agentes.

Las protestas estudiantiles que arrancaron en el céntrico instituto Lluís Vives de Valencia el 15 de febrero para extenderse en días sucesivos como una mancha de aceite por la ciudad en forma de protesta masiva contra los recortes educativos, fueron sofocadas con una contundencia policial que fue grabada en infinidad de vídeos y fotografías y después difundida a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Se realizaron 43 detenciones, entre ellas las de seis menores.

El atestado de los agentes, por sí mismo, describe a unos manifestantes violentos, que desobedecieron las órdenes y agredieron a los agentes. Así, el escrito explica cómo antes de las detenciones la unidad de intervención policial con indicativo Orca-27 se fue desplegando a partir de las 14.20 de aquel 20 de febrero desde la calle de Xàtiva a lo largo de San Vicente Mártir ante la presencia en principio de “unas 120 personas” en una concentración que 15 minutos después “ya era aproximadamente de unas 500”. También relata cómo en “el grupo de cabeza, el cual era numeroso, se colocan pasamontañas y capuchas, portando alguno de ellos objetos contundentes, tales como palos y botellas”. E incluso asegura que en un momento acometen contra “el cordón policial sobrepasándolo con violencia, llegando a empujar a los funcionarios a la vez que lanzaban botellas”. Algunos estudiantes aseguraron después de las cargas que los agentes solían grabar con cámaras durante las protestas, aunque esos vídeos no se han hecho públicos. Sin embargo, los múltiples vídeos grabados aquellos días no reflejan esa contundencia estudiantil descrita.

Ante la acometida de los antidisturbios, los manifestantes fueron retrocediendo a la vez que los agentes avanzaban hacia el sur por San Vicente. Los agentes intentaron encerrar a los estudiantes con otro cordón en la misma calle pero a la altura de la plaza de España. Cuando se procedió “a disolver a los concentrados”, los manifestantes se escaparon por las calles adyacentes para volver a confluir minutos después, ya al otro lado de la Gran Vía de Fernando el Católico, en la calle de Jesús esquina con Pintor Benedito. Según el parte policial, “al alcanzar a algunos manifestantes, estos ofrecen una gran resistencia a ser identificados, manifestada con empujones e insultos, haciendo caso omiso a los requerimientos policiales”.

La juez absolvió a los dos estudiantes ante las contradicciones que mostraron entre sí los dos agentes 

Y en ese momento es cuando se producen las detenciones de Zari Alva y Pennock Gisbert. El primero a las 15.15, según el parte, “por desórdenes públicos y atentado al policía con carné profesional número 91.161 a quien previamente le ha propinado varias patadas”. Y a Pennock, instantes después “por atentado a al policía con carné profesional número 91.161, al intentar evitar la detención del anterior, acometiendo con violencia al funcionario actuante, siendo detenido este último por el inspector jefe con carné profesional número 70.297”.

Zari niega en todo momento haber agredido a ningún agente. Pennock, por su parte, asegura que cuando vio cómo un agente antidisturbios inmovilizaba contra el suelo a Zari, un estudiante de segundo de Derecho de 19 años y escasa envergadura (167 centímetros de altura y solo 61 kilos de peso), al que no conoce de nada, se quejó porque lo mantenía ya esposado con una rodilla en el cuello y haciendo fuerza sobre el chaval. De hecho, un parte médico confirma las lesiones producidas. No le dio tiempo a más. En el vídeo aportado por la defensa se ve desde arriba, en una toma casi vertical, a Pennock, inconfundible por su pelo rubio, señalando a Zari desde metros de distancia y sin que por tanto pudiera “intentar evitar la detención” y a un agente (según el atestado el inspector jefe) que primero lo aparta a empujones y luego le suelta media docena de porrazos hasta que, sin que el joven se defienda lo reducen varios agentes.

El vídeo también deja claro que cuando se da la orden a los agentes de cargar contra los manifestantes, respaldados por nueve furgones y varios agentes motorizados, entre el cordón descrito y los manifestantes hay unos cincuenta metros, por lo que no se sostiene la afirmación de que estos mostraron “una gran resistencia a ser identificados, manifestada con empujones e insultos”. No se observa violencia por parte de los allí concentrados. Tampoco lanzamiento de objetos cuando se da la orden de cargar.

Montouto, abogado de Zari, explica que la descripción de la escena de la detención “es totalmente falsa”. En su opinión, una vez que la carga consiguió el objetivo de restablecer el tráfico, y puesto que no hubo acciones violentas de los estudiantes, la detención “fue desproporcionada y fue ilegal”. Denunciará a los agentes porque “toda la declaración del atentado es absolutamente falsa”.