Juzgados, ¿abrir en agosto?

“Revisaremos la paralización que se produce en la actividad procesal durante el mes de agosto por razones históricas ya que se trata de una costumbre que no es compatible con una justicia competitiva”". Ocho meses después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón pronunciara estas palabras, nada más se ha vuelto a saber sobre la propuesta. Sobre la mesa queda la posibilidad de que el próximo mes sea hábil para que se celebren juicios. Una medida que acabaría con una fotografía que data de 1976. “Esta va a ser la legislatura de la gestión con un mejor aprovechamiento de los medios”, afirmó entonces el ministro Landelino Lavilla. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, Euskadi presenta una de las tasas de congestión y asuntos pendientes más bajas de España.

En la actualidad, el País Vasco cuenta con 227 jueces y magistrados. O lo que es lo mismo, se sitúa en octava posición en el ranking de comunidades autónomas por detrás de Andalucía, Madrid o Cataluña. Por cada 100.000 habitantes, Euskadi dispone de 10,4 jueces o magistrados. Una cifra muy próxima a la media nacional que se sitúa en 11. Uno de ellos es Alfonso González-Guija, Magistrado Juez Decano de Bilbao. En su opinión “la Justicia aquí funciona bien respecto a otras ciudades y no acabamos de ver las ventajas que Gallardón describe con su anuncio, todo lo contrario; primero, por el trastorno que le supondría al ciudadano que mayoritariamente disfruta de sus vacaciones en agosto y segundo; para profesionales como los abogados o procuradores que históricamente han visto cómo los juzgados no trabajan y por tanto se cogen vacaciones también. Para quien no es problema es para el juez porque de todas las jurisdicciones se quedan dos o tres de guardia”, añade Guija.

Secciones como Penal trabaja igual que en enero, más si se tiene en cuenta que coincide con la Semana Grande de Bilbao, Vitoria y San Sebastián donde siempre hay casos. “En el resto, disminuye la intensidad pero lo que es urgente para el ciudadano se realiza. Por ejemplo, en el ámbito laboral, unas vacaciones que la empresa ha denegado a un trabajador, la demanda se resuelve, por eso no vemos como solución de nada la propuesta del ministro”, matiza González-Guija.

Coincidencia en los juzgados de que se trata de una medida no pensada

Un escenario al que se une también el decano del Colegio de Procuradores de Bizkaia, Pablo Bustamante, un sector que engloba en Euskadi a 358 profesionales. “No es una medida útil porque no descargaría a los juzgados. Cualquier profesional sabe que una resolución judicial siempre pasa por tres manos; por los oficiales, los secretarios judiciales y los magistrados. Si cogen las vacaciones en distintos meses, lo que haces es alargar los plazos de entrega”, advierte. “Además debemos tener en cuenta que la medida generaría un riesgo importante de suspensión de juicios. Son muchos los testigos o imputados a los que no se halla porque están de vacaciones, con el evidente perjuicio para quienes comparezcan y para la Justicia. No es una buena solución”, explica también el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Calparsoro. “¿Qué sentido tiene habilitar agosto si bien en julio bien en septiembre el juez, procurador o abogado que trabaje, tendrá que disfrutar de sus vacaciones, con lo cual, antes o después la actividad se volvería a resentir?”, se pregunta Bustamante.

Los juzgados y tribunales de Euskadi no son los más congestionados de España. Sólo en 2011 las distintas Salas resolvieron 301.850 casos. La mayoría, asuntos penales.

“No se trata de una medida estudiada por el Ministerio. Estamos una vez más ante demagogia", afirma Marta Dolado, una de las 5.519 abogadas que ejercen en el País Vasco. Si el año judicial tuviera 365 días, para muchos profesionales de pequeños despachos y procuradores “supondría que no tendríamos derecho a planificar nuestras vacaciones pero jueces, fiscales y funcionarios sí”, denuncia.

En el terreno económico, las medidas anunciadas por Gallardón no suponen un euro de inversión en Justicia. Así, si en 2010 el presupuesto para el País Vasco ascendía a 159.714.267 euros, el año pasado se redujo en un 3,4%. En la actualidad, en Euskadi se dedican 70,6 euros por habitante en esta materia. Los profesionales consideran que para aligerar la carga de los juzgados se necesita invertir en medios y personal.

Para González-Guija por ejemplo, la solución de la Justicia pasaría entre otras cosas, por “una buena interconexión de los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas. Con esa base, avanzaríamos más, eliminaríamos bastante recurso al papel y si pudiésemos llegar al expediente digital sería clave y a partir de ahí, crear más plazas de jueces”. A lo que Juan Calparsoro añade que “una mejor organización de los juzgados para aumentar su productividad y eficacia así como una mejora en los incentivos profesionales del personal, fiscales y jueces acompañado de una promoción del sistema de arbitraje o de la mediación”. La abogada Marta Dolado coincide, pero añade la petición de “una reforma del sistema procesal en profundidad”.