Del viejo al nuevo capo

Fue el incendio más aparatoso de los últimos años de una lanzadera, provocado por narcotraficantes para destruir pruebas. Cuatro años después de aquel incidente ocurrido en la madrugada del 15 de agosto, el histórico transportista de la ría de Arousa, Rafael Bugallo, El Mulo, será juzgado por el alijo de casi 4.000 kilos de cocaína que llevaba la embarcación cuando, por seguridad, sus tripulantes se vieron obligados a deshacerse del cargamento y abandonarla en el arenal de A Lanzada.

Un marinero avisó a los servicios de emergencia de O Grove que tardaron varias horas en sofocar las llamas, mientras los tripulantes lograron escapar subiendo las dunas hasta la carretera donde les recogió un vehículo. La lancha calcinada, todavía humeante, de 15 metros y 6 motores de 220 caballos, fue la atracción de los bañistas que esa calurosa mañana abarrotaban la famosa playa de las Rías Baixas.

La policía tardó apenas una semana en arrestar al Mulo y otros seis integrantes de su organización que venían controlando meses antes ante la posibilidad de que estuviese preparando una importante descarga. Un control que frustró el desembarco y la pérdida del cargamento para los narcotraficantes aunque en días posteriores al incendio de la lanzadera se recuperaron del mar decenas de fardos, casi la mitad de alijo.

El juzgado de instrucción de Cambados ya ha procesado a Rafael Bugallo por narcotráfico y la fiscalía prepara su escrito de acusación con una petición de condena que superará los 18 años de cárcel, mientras la Agencia Tributaria ha concluido una extensa investigación de su patrimonio para poder imputarle también un delito de blanqueo de dinero.

La investigación comenzó en 2003 y es considerada como la primera gran operación contra el blanqueo que ha puesto en el punto de mira el sospechoso enriquecimiento de familias de famosos narcotraficantes. Pisos, un pub, negocios y naves para almacenar planeadoras son parte de los bienes embargados por Hacienda que superan los cuatro millones.

El veterano piloto de planeadoras, Rafael Bugallo, ya estuvo implicado en varios desembarcos, uno de ellos en Portugal, donde pasó por la cárcel. Comenzó en los años noventa operando para otras organizaciones de la zona, como la de Sito Miñanco, pero después levantó su propia empresa con una amplia infraestructura solo superada por el que fuera número uno en el transporte marítimo de alijos: Manuel Abal Feijóo, Patoco, fallecido en accidente de tráfico en 2008.

Una de las anécdotas más comentadas del tren de vida de Bugallo Piñeiro cuando hacía portes para los capos, fue el derribo, al poco tiempo de construirlo, de un espectacular chalé que hizo en su pueblo, Cambados, porque no había quedado a su gusto. También el fiscal antidroga Luis Uriarte pedirá más de 20 años de prisión por narcotráfico y blanqueo de dinero para uno de los empresarios de Cambados que decidieron dedicarse al tráfico de cocaína y que forman parte de la última generación de narcos. Ramiro Vázquez Roma era un desconocido para la policía hasta que en octubre de 2007 cayó con 11 de su equipo cuando dirigía uno de los más grandes desembarcos de cocaína.

Discretamente, trasladó su puesto de mando a Viana do Castelo, en Portugal, donde levantó un astillero con doble actividad. Allí preparaba lanchas prototipo para abastecerse de planeadoras y atender pedidos de otras organizaciones como las colombianas que operaban en el eje africano de la coca. Pero también contaba con una división de embarcaciones de recreo como tapadera.

Sin antecedentes por narcotráfico, Vázquez pasó de ser un simple marinero a un hombre de absoluta confianza de los carteles que le suministraban los cargamentos. El presunto capo fue pillado por Vigilancia Aduanera dirigiendo desde una playa de Bueu el desembarco de 4.500 kilos (100,8 millones de euros). Su detención puso al descubierto el patrimonio que supuestamente logró amasar con su propia empresa de narcotráfico: un hotel en construcción en Ribadumia, diez inmuebles, 20 fincas rústicas, viñedos, cinco barcos y participaciones en astilleros de Vigo y Portugal que aún se están evaluando.

El embargo del astillero de Vianapesca fue arbitrado por Eurojust, el órgano comunitario que media en la cooperación judicial de los estados miembros, tras una reunión que se celebró en La Haya en febrero. Valorado en 2,5 millones de euros, el acuerdo alcanzado permitirá a Portugal quedarse con la factoría y a España decomisar las cuentas de la sociedad y las cinco embarcaciones halladas en la empresa cuando fue intervenida. Esto, si Vázquez Roma sale condenado en el juicio.