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El Cabanyal se une para pedir la rehabilitación del barrio

Barberá ignora la petición de los vecinos e insiste en mantener abierta la vía judicial

Sara Velert
Una calle del barrio de El Cabanyal en Valencia.
Una calle del barrio de El Cabanyal en Valencia. MÒNICA TORRES

El Cabanyal no quiere esperar más. Necesita una “rápida regeneración, revitalización y dinamización” para escapar del deterioro urbano y social en el que está sumido tras años de abandono. La llamada de socorro surgió este viernes del corazón del barrio, de los vecinos y comerciantes que sufren día a día la falta de atención e inversiones en que ha derivado el largo conflicto en torno al plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez. La petición de auxilio, además, unió por primera vez a asociaciones con posturas opuestas sobre el proyecto del PP, con la intención de reclamar que se abra un proceso de diálogo con el “único objetivo” de conseguir “la mejora de las condiciones de vida de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar”.

Así, el comunicado conjunto está firmado por Salvem El Cabanyal, la plataforma que se opone al plan desde su aprobación hace más de una década, y la asociación vecinal Sí Volem, nacida hace algo más de dos años en apoyo del proyecto, así como por la asociación de comerciantes Acipmar, y la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, muy crítica con la actuación municipal.

El texto deja claro que los firmantes no renuncian a sus “legítimos puntos de vista” sobre el polémico proyecto o a emprender otras iniciativas por separado, y al mismo tiempo envía a los partidos políticos y al Ayuntamiento el mensaje de que el barrio necesita “soluciones inmediatas” al margen de lo que ocurra en el futuro con la avenida.

“No tengan la menor duda de que actuaremos”, avisa la alcaldesa

El manifiesto, impulsado especialmente desde la Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, comenzó a gestarse el pasado invierno, pero el consenso en torno a las reivindicaciones comunes a todos los colectivos no se alcanzó hasta hace unos días. “Es por el bien del barrio. Los puntos de acuerdo nos benefician a todos”, afirmó este viernes Amparo Moliner, miembro de la asociación Sí Volem. “Pero que quede claro que mantenemos nuestra postura a favor de la prolongación”, subrayó. Vicente Gallart, portavoz de la Associació de Veïns, destacó el acuerdo entre entidades de “distintas sensibilidades” y expresó su “esperanza de que muchas otras organizaciones del barrio apoyen la propuesta unitaria”. Por su parte, la plataforma Salvem El Cabanyal se felicitó por el "esfuerzo de todos por superar las diferencias" y apuntó que siempre ha creído que la división social que ha marcado los últimos tiempos era "más artificial que otra cosa". La plataforma aprovechó para recordar que el 27 de julio de 1998, hace 14 años, se aprobó en el pleno municipal el encargo de redactar el polémico plan, que en el pleno de este viernes volvió a creae polémica.

Mientras los vecinos aparcaban la polémica de la avenida de Blasco Ibáñez en aras del consenso, la alcaldesa, Rita Barberá, insistía desde el Ayuntamiento en que agotará la vía judicial para ejecutar su plan.

El comunicado de las entidades del barrio se centra en cinco reclamaciones básicas. La primera es la exigencia de que las Administraciones luchen contra los “focos delictivos” en el barrio, especialmente el tráfico de drogas. El segundo punto reivindica un “punto final a la degradación urbanística y social”, que pasa por una “urgente limpieza y cuidado de calles y solares” y un “estricto control” de las casas deshabitadas, muchas de ellas ocupadas por familias sin recursos “que las habitan en condiciones infrahumanas” y necesitan el respaldo de los servicios sociales.

Vecinos y comerciantes piden, además, un plan de rehabilitación de viviendas, para lo que solicitan al Ayuntamiento que levante la suspensión de licencias de obra que mantiene desde que en 2010 el Ministerio de Cultura del anterior Gobierno socialista ordenó parar el plan de partir en dos el barrio con el derribo de más de 400 casas por considerarlo un “expolio” al patrimonio histórico.

“Les estáis dando una bofetada a los vecinos”, replica el portavoz de EU

El manifiesto subraya también la necesidad de poner en marcha un plan para dinamizar y potenciar el comercio. Finalmente, los firmantes abogan por “la búsqueda del mayor consenso posible” y mesas de diálogo “entre todos los agentes implicados”. “La situación económica actual nos obliga a buscar puntos de encuentro que ayuden a la recuperación de nuestro barrio, no permitiendo que las diferentes posturas sobre el proyecto municipal nos dividan”, concluyen.

El consenso surgido del barrio se estrelló contra la postura inamovible de Barberá, que en el pleno municipal rechazó la petición de los socialistas de acatar la última —y enésima— sentencia que avala la orden ministerial de proteger El Cabanyal frente a los derribos, informa Alberto G. Palomo. El PP seguirá insistiendo en los tribunales y ante el Gobierno de Rajoy en desbloquear el plan. La alcaldesa, además, reiteró que no se darán licencias hasta que la situación legal se aclare. Y entonces, “no tengan la menor duda de que actuaremos”, espetó Barberá a la oposición.

El concejal socialista Vicent Sarrià criticó el “orgullo” de la alcaldesa al no aceptar las ofertas de diálogo de la oposición, vecinos y las universidades. “¿Por qué no empezamos ya a tratar los problemas del barrio?”, pidió el portavoz de Compromís, Joan Ribó. “Es el momento de conseguir el consenso social y ciudadano para un plan serio de rehabilitación”, apuntó también Amadeu Sanchis. El portavoz de Esquerra Unida destacó la “lección” dada por los vecinos, que han sido capaces de unirse para reivindicar un futuro para El Cabanyal y reprochó al Grupo Popular: “Les estáis dando una bofetada en la cara”.

Pero el PP no se movió. “Cuando se arreglen los problemas legales se podrá actuar”, declaró el vicealcalde, Alfonso Grau.

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Sobre la firma

Sara Velert
Redactora de Internacional. Trabaja en EL PAÍS desde 1993, donde ha pasado también por la sección de Última Hora y ha cubierto en Valencia la información municipal, de medio ambiente y tribunales. Es licenciada en Geografía e Historia y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS, de cuya escuela ha sido profesora de redacción.

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