Exposiciones Louzán

Pinturas bélicas, fotografías y miniaturas de uniformes castrenses en Del pasado, honor; del presente, orgullo, con motivo del aniversario de la Brilat. Motos históricas. Cien años sobre ruedas, con 58 motos de las 131 que posee el coleccionista Manuel González, concejal de Iniciativa por Gondomar —en el PSOE hasta su expulsión por tránsfuga en 2009—. Aqueles primeiros anos, crónica visual conmemorativa del 30º aniversario del Parlamento de Galicia.

Estas son las últimas tres exposiciones abiertas en el Museo de Pontevedra, financiado en su totalidad —4,1 millones este año— por la Diputación. A la espera de la inauguración oficial del Sexto Edificio del museo, en otoño, con la presencia apalabrada de Mariano Rajoy allí donde cuenta albergarse la Colección Castelao, el organismo que preside Rafael Louzán decidió también suspender la Bienal de Arte pontevedresa, la más antigua de España, alegando “prioridades, no recortes”.

No es la nueva línea programática lo que irrita en primer lugar a buena parte de la sociedad pontevedresa. “Lo dijo Filgueira Valverde hace treinta años: cuando entren aquí los políticos, adiós Museo”. Lo resume así el historiador, militar de carrera, Xosé Fortes, una de las personas que acudieron hace dos semanas al Pazo de Mugartegui para reivindicar la autonomía del Museo. Allí estaban, entre otros civiles de reconocida filia conservadora, Bernardo López Abadín, exvicepresidente de la Diputación, como Eladio Portela, el exalcalde independiente y luego diputado popular Rivas Fontán, o la familia del polígrafo y exalcalde José Filgueira Valverde, cuyo legado sigue en el Museo.

“Es un despropósito”, juzga Fortes. “En la Diputación no se ha calibrado adecuadamente lo que significa convertir un museo constituido en organismo autónomo en un servicio. ¿Quién va a decidir sobre compras y cesiones? ¿Quién elige las exposiciones, los catálogos y los libros que hay que publicar? Tienen que dar marcha atrás. El poder político no puede reflejarse milimétricamente en las instituciones culturales, así todo se convierte en barra libre”. Como ente científico, el museo nació adscrito a un Padroado de diez personas que se ocupaba precisamente de su gestión. En 2005, el Padroado se disuelve por la ley de régimen local y el Museo se convierte en “organismo autónomo local”. Formado, a efectos prácticos, por un consejo rector de cargos políticos y un consejo asesor que debería hacer las veces de Padroado, garantía de independencia y solvencia técnica.

En este momento, a base de declaraciones contradictorias y acciones cristalinas por parte de la Diputación, no solo el Museo de Pontevedra ha dejado de existir, en la práctica, como organismo autónomo con un consejo asesor —un “error histórico” que los reunidos en Mugartegui todavía confían subsanar a base de alegaciones— sino que desde enero se plantea otra cosa: integrar administrativamente el archivo y la biblioteca del Museo —más de 150.000 volúmenes— en el magro archivo de la Diputación. Teniendo en cuenta que la declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) del Museo afecta a continente y contenido, encajar estas decisiones en el actual marco legal de la Lei de Patrimonio es problemático. Sobre las implicaciones legales de este plan — también a la pregunta de si la Diputación llegó a comunicárselo a Patrimonio antes de obrar en consecuencia—, este periódico no consiguió respuesta oficial ni oficiosa de la Consellería de Cultura.

Los 64 trabajadores del museo afrontan el futuro día a día. Louzán ha colocado en puestos clave de administración y gestión a personas de su confianza como Blanca Rodríguez y Joaquín Lede, sin currículum ad hoc. Entre las numerosas anécdotas al respecto, se podría sustanciar la propuesta informal de Rodríguez \[ex responsable de Cultura con el alcalde del PP Juan Luis Pedrosa\], partidaria de que los depósitos arqueológicos que por ley tienen que desembocar en el museo se devolviesen a los ayuntamientos “para las rotondas”. “Louzán siempre mantuvo el diálogo, pero desde hace un año solo aparece para reunirse no con el comité de empresa, sino con los trabajadores del Museo, como si fueran asambleas”, explicita la portavoz del comité, Ángela Comesaña. “Nadie nos ha dado una explicación fiable de cómo se va a hacer este cambio de organismo autónomo a servicio, ni su repercusión sobre nosotros”.

El parecer de los técnicos no es lo primordial ahora: las motos que ocupan el rehabilitado edificio Sarmiento están en el lugar que debería albergar la exposición permanente de arqueología. También solicitaron los técnicos que se abandonase la idea de montar un restaurante —con fondos públicos y explotación privada— en el Sexto Edificio, la planta que debería alojar la colección de miliarios y epigrafía. Sin éxito.