“Lo fácil es castigar más a los incendiarios”

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Territorio de Valencia, Joaquín Baños, persigue con idéntico ímpetu las trampas urbanísticas y al incendiario. Se siente desbordado por la montaña de expedientes que descansan sobre su discreto despacho de la Ciudad de la Justicia. Y anuncia una ofensiva de oficio contra Ayuntamientos que no ordenaron la demolición de viviendas ilegales. Baños (Valencia, 1962) corta por el mismo patrón a alcaldes y concejales. “Todos los políticos son iguales con el urbanismo”.

Pregunta. La Fiscalía de Medio Ambiente contabilizó el pasado año en la Comunidad 10 imputados en 397 incendios ¿Cuántos podrían acabar en prisión?

Respuesta. Todos los delitos de incendios conllevan prisión. El problema es que en las condenas de menos de dos años y por incendios imprudentes —no intencionados— y sin antecedentes, la pena suele ser inferior. Y los acusados no acaban en la cárcel.

P. ¿Por qué es tan difícil que un juez envíe a la cárcel a un incendiario?

R. No es difícil. Los fuegos intencionados, que acarrean prisión, son muy complicados de investigar. El que prende el monte se encarga de no dejar rastro. Las imprudencias relacionadas con la quema de rastrojos, en cambio, son fáciles de descubrir por el Seprona y la Conselleria de Medio Ambiente. La Fiscalía ha dado órdenes a la Guardia Civil para investigar todos los incendios imprudentes. Detectamos que había cierta tolerancia. Se pensaba que el agricultor que quemaba rastrojos era un ciudadano honrado y no un delincuente.

P. ¿Se deberían endurecer las penas contra los autores de fuegos no intencionados?

R. No. Siempre que se produce un incendio grave surge este debate. Es el recurso fácil de los políticos. Ocurre lo mismo cuando hay una agresión sexual horrorosa. Debemos concienciar que no se pueden hacer barbacoas en el monte durante un día de poniente. El Código Penal ha sido revisado y contempla penas ajustadas.

P. La Generalitat ha prometido ayudas para quienes hayan perdido sus viviendas legales en los incendios…

“En la Comunidad Valenciana

R. No se entendería que se pagara la reconstrucción de una vivienda ilegal, que debería de haber sido derribada. Rayaría el delito. El fuego ha hecho lo que la Administración no consiguió. Muchas poblaciones afectadas impusieron sanciones urbanísticas desde 2008: Montroy (295 expedientes sancionadores), Monserrat (40), Macastre (18), Real de Montroi (38)…

P. ¿Los incendios se apagan en invierno?

R. El fuego se extingue cuando cambian las condiciones climáticas. Un incendio desbocado no se apaga solo con hidroaviones.

P. Las diligencias urbanísticas de su Fiscalía cayeron en 2011 un 40%. El parón del ladrillo le ha quitado trabajo…

R. El descenso se debió a que la Fiscalía tramitó en 2008 y 2009 muchas diligencias de oficio. Pedimos a los Ayuntamientos que nos dijesen cuántas sanciones urbanísticas impusieron. Y denunciamos las que creímos que podían ser delictivas. Pasada esta fase, expurgada la información, la Fiscalía se alimenta de las denuncias de los ayuntamientos y las administraciones, que se han mantenido en el mismo nivel.

P. ¿Habrá otra ronda de diligencias urbanísticas de oficio?

R. Hay un problema de medios. Yo no soy fiscal de Medio Ambiente en exclusiva. Me encargo también de mi juzgado de instrucción, que tramita desde asesinatos hasta fraudes a la Seguridad Social. Los tres fiscales de la sección podemos hacer lo que podemos hacer. Las plantillas son justas y hay mucho trabajo. Ahora hemos empezado a investigar a los Ayuntamientos que han podido cometer prevaricación al cobrar sanciones urbanísticas sin ordenar las demoliciones. Hemos detectado un municipio [se niega a revelar cuál] con 15 expedientes sospechosos de este tipo. Y vamos a perseguir a los Ayuntamientos que no han tirado las construcciones ilegales. Será un proceso largo porque necesitamos la colaboración de los futuros imputados [los responsables municipales].

P. ¿Los Ayuntamientos están ahora más concienciados contra los desmanes urbanísticos que durante el boom?

R. Al principio aumentó la colaboración con la Fiscalía, pero después… No sé si tiene que con la caída de la construcción por la crisis.

P. Defendía en 2010 que a los municipios se les quitase las competencias urbanísticas…

R. Claro. El sistema falla. Existen entre 30.000 y 40.000 viviendas ilegales y no se ha demolido ninguna.

P. ¿Qué administración debería asumir la responsabilidad urbanística?

R. Las comunidades autónomas.

P. Coordina una Fiscalía que persigue excesos urbanísticos y no ha conseguido ni una demolición en cinco años. ¿No se siente frustrado?

“Los fiscales estamos

R. Sí. A veces se tiene la sensación de que se consigue poquito. El sistema no funciona. Y los municipios y el Consell (con competencias sobre terrenos forestales) son los que tienen que actuar sobre el urbanismo y no lo hacen.

P. ¿Qué le parecen los rescates, a través recalificaciones, del Ayuntamiento al Valencia CF y al Levante UD?

R. La Fiscalía archivó las diligencias sobre la recalificación de Mestalla. Había visos de anular la operación en la vía contencioso administrativa. Pero reculó el partido que hizo bandera de la iniciativa [el PSPV retiró en 2010 un recurso contra el proyecto]. Y es que los 50.000 socios del Valencia también votan. Hay mucha hipocresía. Todos los políticos son iguales con el urbanismo. He visto a concejales acusados de prevaricación de IU, PSPV… Estamos desencantados, como la mayoría de los ciudadanos. Cuando me presentan una denuncia me da igual el partido al que pertenece el presunto delincuente. Ni lo miro.