La Junta creará una oficina de mediación para evitar desahucios

La Consejería de Fomento y Vivienda, uno de los tres departamentos del Gobierno en manos de IU, ultima la creación de una oficina de asesoramiento e intermediación entre las entidades financieras y las familias que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas para evitar los desahucios. Este servicio tendría como función principal “exprimir todas las posibilidades de acuerdo” entre las partes en litigio antes de ejecutar órdenes de desalojo, según han explicado fuentes del departamento.

La oficina sería un departamento multidisciplinar para el asesoramiento y orientación a las familias, abordando todos los aspectos de su situación social, y no solo la cuestión de la hipoteca, y se implicará también la dirección general de Consumo, que ahora depende de la Consejería de Relaciones Institucionales. igualmente en manos de IU. El propósito de Fomento es llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para que también participen en este servicio.

La consejera Elena Cortés viene manteniendo una serie de encuentros con organizaciones de consumidores, de usuarios de banca, y plataforma de apoyos a los afectados por las hipotecas para consultar sobre el proyecto y otras posibles medidas contra los desahucios, y también ha hablado con el Defensor del Pueblo Andaluz. 

Elena Cortés se queja por escrito a De Guindos de la pasividad del Gobierno con este problema

Cortés tiene en cartera reunirse con representantes de las entidades financieras en breve, con las que la consejería quiere establecer un diálogo permanente y “exigente”. La consejera entiende que los bancos, que han recibido ayudas públicas para su saneamiento, deben evitar las medidas extremas de dejar sin vivienda a sus deudores cuando están pasando necesidades, porque genera un grave problema social.

La consejera envió el pasado día 11 una carta al ministro de Economía, Luis de Guindos, para expresarle su disconformidad con que el Gobierno “aun no haya puesto en marcha ni una sola medida que vaya dirigida al rescate efectivo de las personas y las familias sobreendeudadas, mientras sí se han arbitrado gravosas medidas avaladas con dinero de todos para la salvaguarda de los intereses de los bancos”.

En el escrito, Cortés solicita también los datos precisos sobre la incidencia que ha tenido en Andalucía el decreto de medidas de protección a personas hipotecadas sin recursos, y cuántas entidades bancarias se han suscrito al programa.

Desde que accedió al cargo, Cortés situó como su prioridad poner fin a los desahucios, a pesar de las limitaciones de competencias efectivas de su departamento, pero su propósito es introducir al menos la cuestión en el debate político para que se pueda tomar conciencia del alcance del problema y que se empiecen a dar respuestas desde las distintas instituciones implicadas.

En alguna ocasión, Cortés ha aludido a arbitrar medidas legales que impidan que las personas sin recursos puedan ser desalojadas de sus casas o que la primera vivienda pueda incluso ser un bien inembargable. Pero el asunto es muy complejo y excede de las competencias legislativas autonómicas, aunque los técnicos del departamento lo tienen en estudio.

Entre tanto, Fomento se ha planteado la puesta en marcha de este servicio de intermediación, y la interlocución social para conseguir la mayor movilización posible. Un portavoz de la consejería recuerda que desde los movimientos ciudadanos se están logrando paralizar ejecuciones de desahucio.

La consejería sí ha tomado medidas en lo que respecta a su propio parque de viviendas públicas y ha dado instrucciones a las gerencias provinciales de la Empresa Pública del Suelo (Epsa) para evitar el desalojo de las personas expedientadas por morosos o por ocupación indebida cuando carezcan de recursos o de algún lugar donde ir. Los expedientes sancionadores no se suspenden, pero se garantiza que, provisionalmente, ninguna familia en situación social comprometida se vea en la calle.