Una veintena de personas piden la reparación por abusos policiales

La Comisión de Valoración de sufrimientos injustos se reunió ayer en una primera toma de contacto para establecer su calendario de trabajo tras la que se dio a conocer que 20 personas que han solicitado ya la reparación por abusos policiales, desde que hace un mes entrara en vigor el decreto del Ejecutivo vasco que permite hacerlo.

La comisión comenzará a estudiar en las próximas semanas un primer bloque de estas solicitudes, un análisis tras el cual sus componentes consensuarán cómo abordar los expedientes y crearán un reglamento en el que se basarán sus trabajos. Los miembros de este grupo de trabajo, además de determinar quiénes han sido víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978 y de establecer las medidas de reparación correspondientes —que en el plano económico oscilan entre los 35.000 y los 390.000 euros— realizarán una labor de investigación de lo sucedido a estas personas, con la posibilidad de realizar entrevistas a víctimas y testigos.

Esta labor aspira también a construir microrrelatos que podrán servir tanto para las familias que hayan sido víctimas de la violencia de motivación política, como para los pasos que se den en el futuro en torno a la construcción de la memoria.

EA critica la presencia de Gil-Robles en el grupo de trabajo

El grupo mostró su vocación de querer estar “cerca de las víctimas” y de ser transparente de cara a la sociedad. La comisión está formada por la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, el excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, el asesor de la Dirección de Víctimas del Terrorismo, Txema Urquijo, el historiador José Antonio Pérez, del Instituto Valentín de Foronda, la juez Manuela Carmena, el doctor en Psicología Carlos Martín Beristain y Mónica Hernando, miembro del foro de asociaciones de educación en derechos humanos y por la paz.

Coincidiendo con el encuentro, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, criticó la presencia de Gil-Robles en la comisión porque su trayectoria política le “inhabilita”. El excomisionado, señaló, acusó al tripartito (PNV, EA, EB) de la “persecución a los no nacionalistas” y de la “pasividad” de la Ertzaintza contra la kale borroka. A su juicio, “son necesarias personas expertas sin un recorrido político tan sesgado y sin una visión tan parcial como la suya”.