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Rueda avisa a Montoro: "Hay mancomunidades que funcionan bien"

La Xunta censura en sus alegaciones la reforma de la ley de administraciones locales que prepara el ministerio de Hacienda

Con la educación propia de un Gobierno que protesta contra otro de las mismas siglas, la Xunta ha remitido al Ministerio de Hacienda sus alegaciones a la propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.

 La futura norma que prepara el departamento de Cristóbal Montoro aboga por quitar las competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes que no las gestionen con unos estandares mínimos de calidad para dejarlas en manos de las diputaciones y suprimir las mancomunidades de municipios. “Con el mayor ánimo constructivo, bajo el principio de lealtad institucional y pensando en el futuro de los municipios y los ciudadanos”, lo que ha remitido en nueve folios la Consellería de Presidencia de Alfonso Rueda al Gobierno central es una enmienda a la totalidad del texto, un varapalo en toda regla, repleto de reproches técnicos y políticos al proyecto de ley de Hacienda.

Coherente con la filosofía del documento que envió a Madrid, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, subrayó ayer que la Xunta y el resto de Comunidades Autónomas “deben ser escuchadas”. Y añadió algo más: no todas las autonomías son iguales y en Galicia “hay mancomunidades de municipios que tienen un funcionamiento acertado y deben ser mantenidas”, sino con el mismo nombre, sí con esa filosofía de “colaboración” institucional.

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De entrada, en las alegaciones remitidas a Hacienda la Xunta recrimina al Gobierno que su texto “no aclara los mecanismos de financiación para el eventual traspaso de competencias municipales para el eventual traspaso de competencias municipales a las diputaciones, obviando cualquier previsión en materia de rescisión de contratos y concesiones vinculadas a la gestión de los servicios”. Y lamenta que no se prevea “una posible reversión de competencias y servicios a aquellos municipios que obligados por el actual contexto económico, se vean obligados a cederlos a los organismos provinciales”.

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“Cabe suponer”, alega Presidencia, “que si las circunstancias económicas mejoran, el ámbito municipal sería la esfera propia e idónea para la prestación de dichos servicios”.

En la conferencia de prensa posterior al Consello de la Xunta que presidió en sustitución de Feijóo (de viaje institucional en Latinoamérica) Rueda explicó que al igual que la Xunta también la Federación Galega de Municipios e Provincias —que el jueves firmó una declaración consensuada entre todos los partidos contra el texto que prepara el Gobierno central— demanda que se le tenga en cuenta a la hora de redactar la futura ley.

Las reflexiones del Ejecutivo gallego enviadas al ministerio subrayan que “si lo que se pretende con la reforma es avanzar y consolidar un modelo de prestación supramunicipal a través de los gobiernos locales intermedios, convendría reflexionar sobre el impacto que la que la propuesta puede tener sobre la propia organización de los gobiernos municipales. Resultaría difícilmente explicable disponer y mantener estructuras de gobierno municipales, con funciones de representación legalmente reconocidas que luego no sean ejercidas en la práctica”.

El rosario de reproches que remite la Xunta al departamento de Montoro pide también que se tengan en cuenta condicionantes como la dispersión y el envejecimiento de la población a la hora de evaluar los servicios que prestan los ayuntamientos y rechaza que sean las Comunidades Autónomas “las que asuman la responsabilidad de encomendar a las Diputaciones la prestación de los servicios que no mantengan unos servicios de calidad”. “El criterio de coherencia impone que si es la Administración del Estado la que asume la dirección del proceso, sea esta misma la que adopte las decisiones que procedan, incluida las de encomienda a otros niveles administrativos”.

“Se desaprovecha una excelente oportunidad para evitar duplicidades y contribuir a una mayor eficiencia”, concluye el texto de la Xunta.

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