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Nuevo frente judicial contra Sito Miñanco por blanquear ocho millones de euros

Una agencia inmobiliaria de Cambados, investigada como presunta aliada de las operaciones

Un juzgado de Cambados acaba de reabrir unas diligencias incoadas hace tres años por blanqueo de dinero contra el narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, en base a informes de la Agencia Tributaria que destapó un presunto fraude que podría superar los ocho millones de euros.

Además de Sito Miñanco también se investiga como presuntos imputados a su mujer y a una de sus hijas, además de a un socio por un supuesto delito de blanqueo. En el punto de mira de las operaciones financieras está la inmobiliaria San Saturnino de Cambados, que estuvo vinculada a los negocios de Miñanco desde la década de los noventa, aunque la indagaciones podrían incluso derivar al ámbito internacional.

La causa es una de las más importantes abiertas en los últimos años contra conocidos narcotraficantes de Arousa y se instruyó bajo secreto de sumario hasta hace unos meses, cuando la Sección Cuarta de Pontevedra revocó el auto de archivo provisional que alegando falta de pruebas y prescripción de los posibles delitos había dictado el entonces juez instructor. La decisión de la sala se basó en el recurso presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos que pretendía continuar con la investigación al apreciarse un supuesto delito continuado de blanqueo a través de diversas operaciones financieras.

El juzgado número dos ha reactivado el caso después de que la misma sala de la Audiencia de Pontevedra haya también desestimado la inhibición a favor de un juzgado de Vilagarcía, donde por las mismas fechas se estaba investigando a Sito Miñanco y a su hija por presunto blanqueo. Es la segunda investigación que Hacienda abre contra el narcotraficante después de que una juez de Vilagarcía le imputase en otra causa en la que aparecían supuestas inversiones de dinero por más de cinco millones de euros.

El caso que instruía la juez de Vilagarcía se archivó de forma provisional hace dos meses porque hasta el momento no se ha podido acreditar que Sito Miñanco utilizara una red de empresas de hostelería para lavar dinero del narcotráfico y que están a nombre del empresario Gerardo Sánchez y su hijo, conocidos como Los Gerardos.

La instrucción en Cambados continúa ahora con nuevas diligencias y pruebas documentales como certificaciones de la inmobiliaria a través de la que supuestamente se habría blanqueado al menos una gran parte del dinero opaco que detectó Hacienda. Luego, el juez podría citar a declarar a partir de septiembre a los cuatro presuntos implicados cuyos abogados ya se han personado en la causa y han tenido acceso a la investigación.

Desde que en junio del pasado año la Audiencia Nacional le concedió el primer permiso penitenciario de tres días después de permanecer una década sin salidas, cumpliendo una condena de 16 años y 10 meses, Prado Bugallo ya se encuentra a las puertas de obtener la libertad condicional. Su excarcelación se basó en los informes favorables de la prisión de Huelva pero fue en contra del criterio del juez central de Vigilancia Penitenciaria, de la Fiscalía Antidroga y del educador del penal. La sala finalmente consideró que “había que prepararlo para la vida en libertad”, pese al riesgo de fuga y su reincidencia, al haber cometido el segundo delito de tráfico de drogas cuando se encontraba en libertad condicional de su primera condena de 20 años.

Pero el informe sobre el preso de la Junta de Tratamiento no convenció en medios judiciales y fiscales que manifestaron su malestar por la decisión. Poco después de lograr los permisos, Anticorrupción abrió una investigación por posible delito de cohecho al encontrar en la celda de Miñanco una agenda con sospechosas anotaciones sobre supuestos pagos a funcionarios.

Las primeras sospechas se conocieron a través del educador de la cárcel, que hizo un informe sobre una conversación que había mantenido con el interno al poco tiempo de ser trasladado a Huelva, durante la cual Miñanco le pregunto: “¿Qué hay que hacer aquí para conseguir un permiso?”. La investigación coincidió con la destitución del que fue director de esta 14 años, Francisco Sanz, en diciembre del pasado año. El cese se produjo por posible trato de favor a una larga lista de internos que puso en entredicho su labor al frente del penal.