La cara oscura de la política

“Si una sociedad es tolerante con la evasión fiscal, la economía sumergida, el fraude en la percepción de prestaciones sociales, el uso de información privilegiada en las transacciones mercantiles o los abusos en las relaciones laborales y profesionales, tampoco será demasiado activa en la represión de la corrupción política por muy escandalizada que se manifieste cuando conozca algún caso”. Los catedráticos de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Maria Vallés y Xavier Ballart coordinan un libro colectivo, Política para apolíticos (Contra la dimisión de los ciudadanos), en el que se dedica un capítulo a la corrupción, sus circunstancias colectivas y su efecto degradante sobre la vida colectiva. La descripción de los aspectos ambientales, o de “cultura social”, que abonan la corrupción puede dar lugar a muchas consideraciones. Menos discutible es que resulta “tanto más reprobable” el uso irregular del poder en beneficio propio, de empresas o familiares, como en provecho de los partidos.

“La fiscalización independiente de las finanzas de los partidos y de sus entidades conexas —empresas, fundaciones— es un requisito indispensable” de un sistema eficaz de supervisión de las cuentas públicas, se argumenta con toda la razón en el mencionado ensayo. En efecto, la cara oscura de la política impregna demasiado a menudo de sospecha la actuación de las administraciones, y socava con ello la confianza en la democracia, alimentando una especie de cinismo consensual alrededor de las reglas del juego en la vida pública. Ayer mismo pasaron por el Tribunal Superior de Justicia tres conocidos empresarios valencianos a declarar por asuntos relacionados con una patología civil tan vieja como el soborno, que cierto discurso cínico ha tratado de justificar como algo consustancial al funcionamiento del sistema.

Hablamos del caso Gürtel y de esos señores que no ven irregularidad alguna en haber efectuado transacciones económicas más bien ficticias con una trama corrupta que la investigación traduce como un engranaje para la financiación ilegal del PP valenciano. Pero podríamos hablar del caso Brugal, o de Emarsa. En la base del sistema de corrupción que ha saqueado las instituciones valencianas estos últimos años subyace una hipocresía disolvente y tenaz. Hay quien sostiene que el cinismo político es un rasgo evidente de la cultura pública de los españoles, configurada en dosis diferentes por una actitud moderada en lo ideológico, democrática en los principios y proclive a la pasividad. No digo nada absurdo si añado que los valencianos llevamos algunos lustros gobernados por unos dirigentes que alentaron la versión más negligente de ese combinado. Pero hay otras opciones. El cinismo político tiene en la transparencia, el pluralismo, la fiscalización independiente y una justicia ágil, no sé si remedio, pero sí buenos desinfectantes.