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El Consell simplifica el marasmo legal urbanístico e impulsa la rehabilitación

Desaparece la obligación de invertir las plusvalías en viviendas protegidas

El Consell. presidido por Alberto Fabra, se reunió en Peñíscola.
El Consell. presidido por Alberto Fabra, se reunió en Peñíscola.

La futura legislación urbanística valenciana no será tan farragosa como la vigente. El Consell dio ayer el visto nuevo al anteproyecto de ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que simplifica el marasmo legislativo de la última década, clarifica las competencias autonómicas y las municipales, e impulsa la rehabilitación urbana.

La simplificación del texto —se pasa de más de 1.100 artículos legales a menos de 300— es uno de sus aspectos más positivos. Se refunden cinco leyes y dos reglamentos en una sola regulación, lo que elimina contradicciones y otorga más seguridad jurídica a los actores del urbanismo valenciano.

Los límites al crecimiento territorial no están tanto en la ley como en la Estrategia Territorial ya aprobada por el Consell.

Otro de los aspectos positivos del texto es que agiliza y clarifica las competencias en torno a los planes generales. El esqueleto o plan estructural es competencia de la Generalitat y para su aprobación será necesario un proyecto más simple que el actual.

La tramitación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU), que vendrán marcados en sus directrices generales por el Consell, fijará “unos límites que no se podrán traspasar” y que serán asumidos por los Ayuntamientos, explicó el viernes la consejera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

El nuevo procedimiento concede al municipio la aprobación definitiva del PGOU, pero siempre bajo el supervisión de la Generalitat, que asume “el control de legalidad”. La consejería elaborará a tal efecto una memoria ambiental y territorial “que será preceptiva y de obligado cumplimiento”. El objetivo, dijo Bonig, es “evitar la duplicidad de competencias y que la tramitación sea ardua” ya que hay casos en que un plan general ha llegado a tardar entre 10 y 15 años.

El anteproyecto mantiene la figura del Programa de Actuación Integrada (PAI) y la del agente urbanizador, que la consejera consideró avalada por la UE tras “los ataques de determinados grupos políticos y de presión”. La regulación refuerza, sin embargo, las garantías de los propietarios frente al empresario urbanizador.

La consejera añadió que se trata de reactivar el sector inmobiliario “apostando por los procesos de rehabilitación y renovación dentro de las ciudades ya consolidadas frente a los nuevos desarrollos de suelo” y garantizando “el consenso social entre los promotores y los propietarios de las fincas a rehabilitar”.

Se favorecerán “los pequeños desarrollos urbanísticos, tanto residenciales como industriales, en los municipios del mundo rural”, prosiguió.

Los municipios del interior no tendrán que modificar su plan general cuando se trate de ampliaciones urbanísticas que afecten a superficies pequeñas. “Con la normativa actual ese municipio tenía que ir a la revisión del PGOU, y tirarse cinco o seis años de tramitación, ahora harán una simple consulta a la consejería y si esa reclasificación no afecta al medio ambiente quedarán exentos de esa revisión y podrán hacer esa ampliación”, precisó.

Bonig modifica en el anteproyecto la obligación de los Ayuntamientos de destinar los beneficios obtenidos por la venta de suelo público a la construcción de vivienda de protección pública (VPP), y establece que ahora también lo podrá utilizar para sufragar “cualquier infraestructura u obra de titularidad pública”.

La nueva ley también permite enajenar el derecho de superficie de los terrenos públicos para adjudicarlo por subasta a un promotor, que, a cambio de un canon, podrá gozar de él por un “periodo muy largo de tiempo” y construir viviendas “a precios más asequibles”, ya que no se repercutirá el coste del terreno.

La consejera, que insistió en que esta ley simplifica trámites e incluye la incorporación de nuevos criterios ambientales, expresó su deseo de lograr el máximo consenso en torno a este texto, para lo que se va a elaborar un plan de participación y consulta pública. La nueva normativa se llevará a Bruselas en septiembre “por lo pionero y por la importancia que los criterios medioambientales y paisajísticos tienen en la ordenación”.

El texto amplía además el plazo de prescripción de las irregularidades urbanísticas, otra de las medidas que pueden ayudar al Consell a disponer de tiempo suficiente para perseguir las actuaciones urbanísticas fuera de la ley.

Los nuevos instrumentos recogidos en la ley para fomentar la rehabilitación y regeneración urbanas en ciudades ya consolidadas se abren como uno de los apartados con más posibilidades, dado que el parón de la construcción no hace prever grandes proyectos como los de la anterior década.

La futura normativa urbanística fue aprobada por el Consell en un pleno que celebró de forma extraordinaria en Peñíscola, localidad en la que también se celebró un acto conmemorativo de las tres décadas pasadas desde la aprobación del Estatut d’Autonomia.