caso de los ERE

La Audiencia deja en libertad bajo fianza al exconsejero Fernández

El ex alto cargo de la Junta imputado en el caso de los ERE deberá abonar 450.000 euros El tribunal rechaza el riesgo de fuga y su posible intervención en la investigación El exdirector Javier Guerrero y su chófer siguen en prisión preventiva

La Guardia Civil trasladando en abril al exconsejero Antonio Fernández a prisión.
La Guardia Civil trasladando en abril al exconsejero Antonio Fernández a prisión.

Cambio de rumbo procesal en el caso de los ERE. El devenir de este escándalo de corrupción ha experimentado este jueves un golpe de timón decisivo después de que la Audiencia de Sevilla decretara libertad bajo fianza de 450.000 euros para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que el viernes espera abonar la alta suma para dejar la cárcel después de casi tres meses.

El máximo responsable del fondo para empresas en crisis entre 2004 y 2010 permanece en prisión preventiva de orden de la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya. Este jueves la Audiencia ha revocado parcialmente su auto de prisión y sienta un precedente para el resto de altos cargos que acudirán al juzgado a declarar sobre el fraude en los próximos meses.

Tras la fianza de la Audiencia para Fernández, a continuación la juez Alaya ha rectificado la prisión preventiva que había dictado para el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, encarcelado desde el pasado 9 de marzo, y le ha impuesto una fianza de 250.000 euros. Alaya ha reconocido en su auto que la prisión preventiva “tampoco debe mantenerse sine díe, como desde el inicio era pensamiento de esta instructora”. El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha avanzado que tardará al menos tres semanas en reunir el dinero requerido.

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Mientras, la Audiencia obliga a Fernández a comparecer cada martes en el juzgado y prohibirle abandonar el país, además de la entrega del pasaporte. Su abogado Alfonso Martínez del Hoyo, ha visto el vaso medio vacío: “No podemos albergar satisfacción ni alborozo (…) La fianza es muy elevada y supera ampliamente la capacidad económica” de Fernández. El letrado ha asegurado que conocidos y familiares recaban dinero para lograr reunir la suma.

En cuanto a los razonamientos jurídicos, los magistrados dan una de cal y otra de arena a las decisiones de Alaya. La instructora había justificado la prisión preventiva con los argumentos de riesgo de fuga y la hipotética alteración de pruebas que afectara a la investigación. La Audiencia rechaza ambas posibilidades: “Tanto el riesgo de fuga que se predica como el de la posibilidad de obstrucción de la instrucción no pueden desconocer lo que los datos objetivos apuntan, esto es, que si hubiese sido intención el imputado eludir la acción judicial u obstruir la instrucción, tiempo ha tenido para hacerlo”.

El auto subraya que la imputación de Fernández se le comunicó en marzo de 2011 y su declaración se produjo a finales del pasado abril. “Han transcurrido trece meses, tiempo más que suficiente para que (...) hubiera podido eludir la acción judicial”. Los magistrados rechazan la grave acusación de cohecho por haber intentado incluirse en el ERE de González Byass.

La Sección Séptima de la Audiencia destaca las “múltiples irregularidades y anomalías” cometidas bajo el mandato de Fernández, pero elude pronunciarse sobre si el fondo para empresas en crisis es ilegal y fue ideado por la anterior cúpula de la Junta en 2001, tal y como estima Alaya. La Junta se ha enfrentado a la magistrada en la defensa del sistema de subvenciones, pero de momento el análisis jurídico del meollo procesal de la cuestión, está en el aire.

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