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El director de Antifraude descarta que Eurovegas sea un foco de corrupción

De Alfonso alaba la “inversión” del proyecto y dice que el dinero “no tiene color”

Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude.
Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude.

El proyecto de Eurovegas ha ganado un aliado inesperado: el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso. El magistrado subrayó ayer las bondades del macrocomplejo de ocio que el multimillonario Sheldon Adelson podría instalar en Cataluña —una “inversión eterna” que creará puestos de trabajo “para siempre”— y minimizó los riesgos; a saber, que Eurovegas se convierta en un polo de atracción de la corrupción, el blanqueo de dinero o la prostitución. En su entusiástica defensa de Eurovegas, De Alfonso llegó a negar a otro director (de cine), Brian de Palma: “En principio, el dinero no tiene color”.

“Si alguien viene y deja su dinero en el casino no le vamos a preguntar de dónde ha salido”, dijo De Alfonso tras inaugurar unas jornadas sobre ética y corrupción que estos días organiza la OAC en Barcelona. El director del organismo público admitió que el juego y el blanqueo de capitales han caminado siempre de la mano. Pero repuso que “el blanqueador extranjero tendría un problema en su país, no aquí” y que, en todo caso, siempre cabe la posibilidad de que la justicia actúe si detecta un indicio de delito.

El aterrizaje de Eurovegas en Cataluña tampoco comportaría un aumento de la prostitución ni del tráfico de drogas. De Alfonso basa su augurio en el estatus socioeconómico de los futuros usuarios del casino: “Es gente con una capacidad económica muy alta, que no estaría dispuesta a que hubiera prostitución en la calle, ni drogas ni delincuencia”. El recinto y sus aledaños, de hecho, se convertirían en “una zona mucho más segura”.

Frente a los peligros, que son pocos e improbables, están las ventajas, que son enormes. Eurovegas puede ser, añadió el director, “la mejor inversión para el país”. El proyecto del magnate americano supondrá la creación de miles de puestos de trabajo “estables, fijos y para siempre”. Y un alivio para las cuentas públicas de la Generalitat “por la gran recaudación de impuestos que se deriven del juego”. Y eso a pesar de que Adelson haya solicitado a los gobiernos de Cataluña y Madrid —que compiten por atraer la inversión— manga ancha para imponer sus condiciones en el terreno laboral y un trato fiscal hecho a la medida de sus necesidades.

La idea de la permanencia en el tiempo emergió una y otra vez en las declaraciones de De Alfonso ante los medios: “Esto no desaparecerá nunca, como Las Vegas. Todo el mundo querría ir alguna vez a Nevada”, explicó en alusión al estado norteamericano que acoge la avenida de casinos más famosa del mundo. La primera fase, la de construcción, justifica por sí misma la conveniencia del proyecto por la mano de obra que podría ser empleada. Esa primera fase puede implicar la venta de terrenos ocupados ahora por pequeños agricultores en la zona del Llobregat antes de que los sean expropiados. El magistrado reconoció que esas operaciones pueden generar “un poco de especulación”, pero “solo al principio”. “No creo que al inversor le guste tener corrupción dentro, creo que esto sería muy transparente”. Después, solo quedaría más trabajo. Y de todo tipo. “Esto generará muchos puestos en limpieza, alimentación, bebidas, hoteles...”.

Otro magistrado de la Audiencia de Barcelona que acudió al acto, Santiago Vidal, replicó a De Alfonso en el aula magna de la facultad de Derecho de la UB. A su juicio, Eurovegas sí puede ser un foco de corrupción. Por eso, dijo, confía en que “el proyecto se quede en Madrid y no aquí”, una afirmación que provocó algunos aplausos en el auditorio.

Vidal también habló con franqueza de cuanto le fue preguntado en la mesa redonda; por ejemplo, los indultos que, de tanto en tanto, concede el Gobierno. Sobre todo, a personas condenadas en casos de corrupción. “Es una injerencia legal, pero ilegítima” del ejecutivo que “rompe el principio de igualdad”, denunció Vidal. El magistrado pidió que, al menos, el Consejo de Ministros “motive sus resoluciones y diga por qué da la medida de gracia a quien la da”.