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El Banco de Valencia acusa a Parra de hacerle perder 137 millones

Fomento Urbano de Castellón se hizo con la mayoría de Agval sin ningún desembolso

El exconsejero delegado ocultó la situación de la sociedad mayoritaria en Aguas de Valencia

Eugenio Calabuig, vicepresidente de Aguas de Valencia.
Eugenio Calabuig, vicepresidente de Aguas de Valencia.

El Banco de Valencia (BV) acusa a su exconsejero delegado, Domingo Parra, al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, y a cinco familiares de ambos, de causar a la entidad un perjuicio económico de 137 millones de euros con operaciones financieras e inmobiliarias irregulares. La entidad ha pedido al juzgado el embargo cautelar de los bienes y las cuentas bancarias de los denunciados.

El banco, intervenido en 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) y rescatado con 4.500 millones de euros de dinero público, considera que los denunciados cometieron un delito de estafa, administración desleal y apropiación indebida. El Banco de Valencia sostiene que los Calabuig sobornaron con cuatro millones de euros a Parra por facilitar una operación en perjuicio del banco. Un informe pericial elaborado por la auditora KPMG es la base principal de la denuncia del FROB.

El modus operandi de los denunciados es parecido. Domingo Parra aprovechó su cargo de consejero delegado del Banco de Valencia para facilitar créditos a Agval, una sociedad instrumental participada por el banco y los Calabuig, para la gestión de las acciones de Aguas de Valencia. Los millones se transferían de la entidad financiera a Agval con un propósito pero luego se derivaban a otro tipo de operaciones de las que supuestamente se beneficiaron el exconsejero delegado del Banco de Valencia y los Calabuig.

El primero en salir malparado de estas operaciones cruzadas ha sido el propio banco, según recoge la denuncia que investiga el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Y para muestra un botón. En 2008, Fucsa, sociedad vinculada a los Calabuig, se hizo con la mayoría de Agval, accionista mayoritaria de Aguas de Valencia, gracias a dos préstamos de 48 millones, concedidos por el BV, y a que Parra renunció en nombre del banco a su derecho de suscripción preferente de las participaciones. Con ello, el exconsejero cedió a los Calabuig, sin desembolso alguno, el control de Aguas de Valencia.

El exdirectivo de la entidad cedió gratis el control de Agval a los Calabuig

La denuncia del FROB, gestor provisional del Banco de Valencia, se dirige contra Domingo Parra, su esposa María José Aznar, el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig y cuatro familiares suyos. El denunciante incluye a Aurelio Izquierdo, director financiero de Bancaja y ejecutivo del BV, como partícipe a título lucrativo por su participación en una sociedad que comparte con Domingo Parra y familiares, denominada IZPA. El gestor del banco pidió que la denuncia se trasladase a la Fiscalía Especial contra la Corrupción.

El FROB explica que tras sustituir en noviembre pasado al consejo de administración del banco se identifican una serie de operaciones de dudosa racionalidad económica en las que ha intervenido el exconsejero delegado. “En ellas, Parra ha obtenido, por vía directa o indirecta, pingües beneficios, en perjuicio del patrimonio del banco”, subraya la denuncia.

Estas son las operaciones que el FROB enumera en la denuncia de acuerdo con el informe pericial elaborado por la firma KPMG:

» De cómo Parra cedió gratis el control de Agval a Calabuig. Inversiones Financieras Agval se constituyó en 2007 para reunir las acciones que poseía cada uno de los socios locales de la compañía Aguas de Valencia. El Banco de Valencia, con 375.000 acciones, tenía el 33,43% de las acciones de Agval, Fucsa, sociedad vinculada a la familia de Eugenio Calabuig, poseía un 26,25%, y los Boluda, el resto de participaciones. En 2008 se produce una operación de intercambio de acciones que convierten a Fucsa en mayoritaria, seguida del BV y de los Boluda, con un 20%. Con el cambio, la entidad bancaria pierde el control sobre Aguas de Valencia en beneficio de los Calabuig, que consiguen esta posición dominante sin desembolso económico alguno. BV y Fucsa compran más tarde a partes iguales el paquete de los Boluda y, de nuevo, las sociedades de los Calabuig suman más que las del BV. Los Calabuig financian las dos operaciones con sendos préstamos de 48 millones de euros de la entidad de la que Parra era consejero delegado. Por si fuera poco, Parra había renunciado antes al derecho de suscripción preferente que tenía el banco en el intercambio de participaciones, facilitando la hegemonía de Fucsa. La denuncia estima que los Calabuig debían haber pagado al banco una prima por la pérdida de control de entre 15 y 21, 3 millones. El préstamo de 48 millones creció hasta los 53, tras una reestructuración. La devolución se prevé en un solo pago en 2016. El FROB exige en la denuncia la devolución de este crédito.

Los préstamos bancarios se utilizaron para pagar dividendos

» Un crédito de 55 millones para Agval que acabó en el Valencia CF. En diciembre de 2008, el Comité de Riesgos de la Dirección General del BV, del que formaba parte Parra, concede un préstamo de 55 millones de euro a Agval, poniendo como garantía 500.000 acciones de Aguas de Valencia. El objetivo era financiar y garantizar una OPA de exclusión de la compañía de aguas. Se ingresó el dinero en la cuenta corriente de Agval el 24 de diciembre de 2008. En marzo de 2009 Agval, representada por Parra, firma con Fucsa, con Eugenio Calabuig de consejero, una cuenta corriente común para “facilitar las relaciones entre ambas empresas”.

Agval transfiere los 55 millones de préstamo del BV a sociedades del entorno de los Calabuig y esta, a su vez, traspasa 49,5 millones al Valencia CF. Lo que se publicó entonces es que Eugenio Calabuig prestó 50 millones de euros a la sociedad deportiva para que este pagase parte de la ficha de los jugadores y los trabajos a la unión temporal de empresas que edificaba el nuevo estadio de fútbol. “Esta cuenta fue en realidad el desagüe por el que se fue el crédito dado por el BV”, dice la denuncia. El dinero se traspasa ante de que se ejecutase la OPA, una operación que, en opinión de los peritos, es “una maquinación para suspender la cotización bursátil de Agval y eludir así el deber de transparencia e información de las cotizadas”.

Conforme entraba efectivo del BV en Agval salía en cantidades similares a sociedades vinculadas con los Calabuig, en unos casos como traspasos por la cuenta corriente común, en otros por la compra de acciones de Costa Bellver, también de los Calabuig.

»El pelotazo de Costa Bellver. A pesar de que en 2009 el mercado inmobiliario ya había entrado en crisis, Agval pagó casi 50 millones de euros por 594 acciones de la Inmobiliaria Costa Bellver, vinculada a la familia Calabuig. Los títulos los vendió Agval a Bancaja Hábitat dos meses después y volvió a comprar otro paquete de acciones de Costa Bellver por otros 46 millones de euros. El banco denuncia que las acciones de Costa Bellver se vendieron entre 2007 y 2009, años en los que ya se había iniciado la crisis inmobiliaria, a un precio medio inferior a los 30.000 euros. La familia Calabuig traspasó las acciones a Agval, y esta sociedad parte de las mismas a Bancaja Hábitat, a un precio casi tres veces superior. Con la operación de compra venta de las acciones de Inmobiliaria Costa Bellver la familia Calabuig obtuvo unas plusvalías de más de 66 millones de euros.

IZPA recibió un pago de cuatro millones de la venta de Costa Bellver

»Pagos a Parra e Izquierdo. El FROB denuncia también una transferencia en febrero de 2010 de cuatro millones de euros desde dos empresas vinculadas a los Calabuig (Fucsa y Galbis) a Gestor de Inversiones IZPA, cuyo capital está vinculado al menos en un 50% a Domingo Parra y su familia.

Ese dinero, que los denunciantes llegan a calificar de soborno, procedería de la venta del segundo paquete de acciones de Costa Bellver a Agval. El dinero habría realizado toda una serie de movimientos desde el Banco de Valencia hasta una cuenta en la que figuraría Celia Calabuig como titular desde donde habrían recorrido el tramo final hasta IZPA. “Desde IZPA se han realizado ingresos bancarios no solo en beneficio de Domingo Parra, sino también a Aurelio Izquierdo, que fue consejero delegado y presidente del Banco de Valencia entre octubre y noviembre de 2011, además de otros cargos ostentados en Bankia y Bancaja”, señala la denuncia.

Esquerra Unida difundió ayer una respuesta del consejero de Economía, Máximo Buch, en la que señala que en el Instituto Valenciano de Finanzas Aurelio Izquierdo “no ha figurado nunca como administrado de Gestor de Inversiones IZPA, ni de ninguna de las sociedades relacionadas con ella”. “Durante el tiempo que duró su mandato como director general de Bancaja, el Instituto Valenciano de Finanzas no recibió ninguna solicitud de crédito o aval vinculada a Aurelio Izquierdo concertadas por Bancaja con IZPA o sociedades relacionadas”.

» Gastar 4.352 euros y ganar 13,9 millones. El 7 de julio de 2005 la familia Calabuig constituyó la sociedad Capital Costa y año y medio después, en diciembre de 2006, la vendió a IZPA, empresa vinculada a Domingo Parra por un importe de 4.352 euros.

Las operaciones siguieron con el sector inmobiliario ya desplomado

Capital Costa, que no había registrado casi actividad, había aprobado, justo antes de la venta a IZPA, un reparto de dividendos por importe de 1,5 millones de euros que, supuestamente, recibieron los nuevos propietarios. En 2008, Parra decide revender Capital Costa a las firmas Galbis y Fucsa, vinculadas a la familia Calabuig, por un importe de 12,4 millones de euros. La denuncia del Banco de Valencia incluye un informe pericial en el que se asegura que “en menos de dos años” Parra obtuvo una plusvalía de 13,9 millones de euros derivada de su inversión inicial de 4.352 euros en Capital Costa, “sin que ello tenga racionalidad económica alguna, especialmente en unos tiempos en los que ya había comenzado la crisis económica en el sector inmobiliario al que se dedicaba esta sociedad. No existe ningún hecho económico o financiero que permita explicar tamaña diferencia de precio”.

» Un colchón para dividendos. Para los actuales gestores del Banco de Valencia la operación de compra venta de la sociedad Capital Costa formó parte de “un mismo plan criminal” dividido en dos fases. La segunda parte se materializó a través del reparto de dividendos en 2006 y 2007 de una sociedad subsidiaria denominada Capital Residencial.

La sociedad que supuestamente controlaban Izquierdo y Parra, IZPA, era propietaria al 100% de Capital Costa que, a su vez, controlaba el 30% de la firma Capital Residencial. En junio de 2006 el comité de riesgos del Banco de Valencia, del que formaba parte Domingo Parra, concedió un crédito de tres millones de euros, sin garantías, a Capital Residencial como "colchón de tesorería para posibles inversiones futuras". Y solo seis meses después, Capital Residencial aprueba una distribución de dividendos por importe de 5,1 millones de euros.

Los dividendos se pagaron, según la denuncia, con el crédito otorgado por el Banco de Valencia. Desde Capital Residencial se transfirieron a Costa Capital 1,5 millones de euros, empresa controlada por IZPA. Al menos la mitad de esta cantidad, según la denuncia, fue a parar a manos de Parra y su familia.

En 2007, Capital Residencial decidió volver a repartir dividendos. Esta vez el circuito para sacar el dinero del Banco de Valencia se complicó un poco más, según la denuncia. El Banco de Valencia concedió un crédito de 12 millones a la sociedad Casa Amiga, una empresa cuya propiedad el FROB atribuye erróneamente a la familia Calabuig. Desde esta sociedad se traspasaron, a través de otra empresa puente —Desarrollos Urbanísticos Globales—, más de 8,6 millones de euros a Capital Residencial, que repartió 4,7 millones en concepto de dividendos en cinco partes. Una de ellas por importe de 1,4 millones de euros se transfirió a Capital Costa, controlada por Parra.

Accionistas inquietos, respuestas falaces

La participación del Banco de Valencia en Agval y las inversiones en el seno de la compañía de que controlaba la mayoría de Aguas de Valencia despertaron la inquietud de los accionistas en las juntas de 2010 y 2011,

En la junta de accionistas del Banco de Valencia del 6 de marzo de 2010, el presidente José Luis Olivas explicó: “Al señor Calabuig no le hemos dado ningún préstamo últimamente. Quien le haya dicho esa afirmación está equivocado, no se corresponde con la realidad”.

La realidad es que el Banco de Valencia había financiado en abril y mayo de 2008 con más de 53 millones de euros la compra de acciones de Agval —tenedora del 60% de las acciones de Aguas de Valencia— a la familia Calabuig, a través de Fomento Urbano de Castellón (Fucsa).

Un año más tarde, el 26 de marzo de 2011, Olivas volvió a ser interrogado por los accionistas por el valor de los activos en Agval. Y el entonces presidente del banco respondió: “Me dice el consejero delegado [Domingo Parra] que están valorados los activos por una tasadora oficial en 150 millones de euros”. La tasación nunca existió. Es más, en la misma junta se afirmó que “Agval es una magnífica empresa sin ningún tipo de endeudamiento”. La empresa adeudaba desde diciembre de 2008 un crédito de 55 millones de euros concedido por el Banco de Valencia.

Para el FROB, el Banco de Valencia se vio inducido al error al financiar Aguas de Valencia. Errores que no se hubiesen producido, explica el banco en el texto de la denuncia, “sin la colaboración y omisión e inveracidad de la información que Domingo Parra transmitía como consejero delegado y representante del Banco de Valencia en Agval”.

La denuncia presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia contra los antiguos gestores destituidos también recoge la inquietud que presidió la última junta unos pocos meses antes de la intervención del Banco de España.

Los accionistas se quejaron de que las cuentas de Agval —donde el Banco de Valencia tenía casi el 50% de las acciones— correspondientes a 2009 se habían depositado semanas antes de la junta del Banco de Valencia de 2011. “Ese retraso tiene todos los visos de ser intencionado para ocultarnos las operaciones de Costa Bellver. Creo que hay una dejación de las funciones in vigilandum por las que el consejo [de administración] cobra”, indicó un accionista.

Olivas replicó: “Agval consideró que era una buena operación comprar un suelo que está en Benicàssim, que está urbanizado y en primera línea de mar y es una inversión que tampoco preocupa excesivamente”. El mercado inmobiliario ya se había desplomado y el Banco de Valencia estaba a punto de ser intervenido.

La denuncia del FROB insiste en la situación de dificultades económicas. “La refinanciación [de la operación de compra de acciones de Agval] se llevó a cabo cuando ya se había disparado con toda claridad la crisis económica a finales de 2008 y el Banco de Valencia tenía en esas fechas serios problemas de liquidez”, argumenta el denunciante.

Otra de las acusaciones relevantes que recoge la denuncia del FROB recae casi en exclusiva sobre el exconsejero delegado Domingo porque, pese a estar al tanto de las operaciones con los Calabuig, no informó al Banco de Valencia de las mismas.

“El señor Parra tenía el deber de informar al banco de lo que sucedía en Agval y de eliminar el error sobre el que se basaba la financiación [de algunas de estas operacioneas] por parte de la entidad bancaria”, prosigue el texto presentado a la Audiencia Nacional.

Esta cadena de hechos impidió al Banco de Valencia valorar de forma adecuada el riesgo de algunas de esas operaciones, prácticamente lo mismo que los pequeños accionistas denunciaron en su querella. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia se ha inhibido de proceso que abrió la asociación en favor del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.