El PSPV considera cortas las ayudas dada la magnitud de los incendios

Los socialistas, cuyos dirigentes, encabezados por el secretario general, Ximo Puig, y el portavoz parlamentario, Antonio Torres, recorrieron la tarde del lunes las comarcas afectadas, se mostraron más que escépticos con el decreto de “ayudas y medidas para paliar los daños producidos por los incendios” de Cortés de Pallás y Andilla, que se publicó este martes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Y fueron incluso más lejos al vaticinar que “es prácticamente seguro que los hipotéticos beneficiarios de las ayudas no verán en años ni un céntimo”, dados los precedentes en la materia.

Para empezar, como explicó el diputado autonómico Francesc Signes, el PSPV-PSOE ve insuficiente la dotación económica de 9 millones de euros aportada por la Generalitat. Porque, solo en el sector agrícola, las organizaciones de agricultores han evaluado en 20 millones los daños. Porque supone solo tres millones más de lo que se destinó tras el incendio de L’Alcalatén, de 2007, en el que ardieron 5.700 hectáreas, “diez veces menos que en los actuales incendios”. Y porque la grave situación de impago de la Generalitat “no hace creíble que se vayan a hacer efectivas” las ayudas. Signes recordó que quedaron “sin cumplir los compromisos económicos asumidos en los incendios del año 2010 en las comarcas de La Vall d'Albaida y El Comtat” y se dejaron perder el año pasado tres millones de euros del Estado destinados a paliar los daños ocurridos en la comarca de L’Alcalatén porque el Consell no pudo aportar esa misma cantidad de sus fondos propios.

El vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ya asumió el pasado viernes, tras la aprobación del decreto por el Consell, que puede que haya que ampliar la dotación económica a medida que los afectados presenten sus solicitudes.

Los socialistas creen también que el decreto es “inadecuado” porque deja la ejecución de las medidas previstas en manos de las empresas públicas de la Generalitat, que están prácticamente en quiebra o a punto de cierre. Aunque, según el PSPV-PSOE, se deja de lado a los ayuntamientos implicados, el decreto especifica que los ayuntamientos actuarán como “entidades colaboradoras” con las que se establecerán convenios al efecto.

El PSPV-PSOE, finalmente, pide al Gobierno español un régimen de indemnizaciones compatibles con las de la Generalitat, así como reducciones fiscales a los afectados, medidas favorables en el régimen laboral y la Seguridad Social y préstamos preferenciales del Instituto de Crédito Oficial.