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Tragsa evaluará el coste del derribo de El Algarrobico

La Junta y el Gobierno central dan un paso más para lograr la demolición del hotel. Planas destaca la cooperación "leal" de las dos administraciones

Imagen del hotel Algarrobico Ampliar foto
Imagen del hotel Algarrobico

La Junta y el Gobierno central dieron ayer un paso más para lograr la demolición del hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, se reunieron ayer en Madrid y encargaron a la empresa Tragasa un informe para la demolición, tratamiento de residuos y restauración ambiental de la zona afectada por la edificación de la citada instalación hotelera.

Ambas administraciones cofinanciarán el estudio, que “deberá evaluar las actuaciones técnicas y materiales precisas, así como los costes que se deriven de cada una de las actividades”, según una nota emitida ayer por el ministerio.

El consejero andaluz adelantó el pasado vienes en Almería la consecución de este acuerdo que calificó como una muestra de cooperación “leal” entre ambas administraciones. Planas explicó que tanto el ministerio como la Junta se han comprometido a actuar de manera coordinada en los procesos judiciales que aún están pendientes sobre la construcción del citado hotel en el Parque Natural de Cabo de Gata, entre ellos la sentencia sobre la legalidad de la licencia de obras otorgada por el municipio de Carboneras para la construcción del hotel. Este pleito está pendiente de fallo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se prevé se falle a final de este año.

Los ecologistas de Greenpeace sostienen, por contra, que el Ministerio y la Junta, tienen ya pronunciamientos favorables para la demolición de la construcción, dado que los tribunales ya han determinado que está realizada en terrenos protegidos (parque de Cabo de Gata) e invade el dominio público marítimo-terrestre.

Los ecologistas han solicitado al Ministerio y a la Junta que actúen por vía judicial, para pedir a la empresa la demolición, y, por vía administrativa, para retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras.