Fabra no actuará contra los imputados del PP porque no tiene capacidad “legal”

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha transmitido hoy la viva imagen de la impotencia ante lo que un periodista describió como "una epidemia" de imputados en el PP. El vicepresidente del Gobierno valenciano, ha reiterado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell  el compromiso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la lucha contra la corrupción, pero ha explicado que no actuará contra los diputados del PP que están imputados porque no tiene capacidad "legal" para hacerlo.

Ciscar se ha visto asediado por una lluvia de preguntas sobre el tema, después de que, en apenas una semana, los jueces responsables de las respectivas investigaciones hayan pedido al Tribunal Superior de Justicia imputar al actual portavoz popular en la Cámara, Rafael Blasco, por el saqueo de las subvenciones de cooperación cuando era consejero, y a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, por el amaño del Plan General de Ordenación Urbana.

El vicepresidente ha sido preguntado en reiteradas ocasiones por la situación del grupo parlamentario popular, donde en la actualidad hay seis diputados imputados por el caso Gürtel, al que se suman el caso del exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández, procesado por un caso relacionado con la gestión de las basuras del municipio, y los tres pendientes de una decisión del TSJ.

"El presidente no tienen posibilidades legales en el caso de los cargos electos", ha afirmado en referencia tanto al caso de las Cortes como en el del Ayuntamiento de Alicante.

Ha defendido que Fabra "actúa plenamente" en el Gobierno y en el partido, donde tiene "potestades", y en este sentido ha anunciado que una vez se terminen los procesos congresuales provinciales se constituirá el comité regional de derechos y garantías, "que es el que tiene la potestad de decidir en este tipo de actuaciones".

"Nosotros respetamos la autonomía de los grupos municipales, otra cosa son los estatutos del partido, donde se van a poner en marcha mecanismos" encaminados a estas situaciones, ha explicado el vicepresidente, quien no ha concretado en qué consistirán estas medidas.

Preguntado sobre la expulsión de estas personas del grupo parlamentario popular, ha respondido que ésta es una decisión que le corresponde adoptar al grupo, "y en estos momentos no tiene intención de adoptarla".

En referencia a los casos de Blasco, Castedo y Díaz Alperi, donde no hay una imputación formal, ha insistido en que los autos judiciales que apuntan a la existencia de indicios delictivos y se pide la imputación son un "trámite procesal" que no implica necesariamente la imputación final de los afectados.

Ciscar ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha garantizado la "máxima colaboración" del Gobierno valenciano con la Justicia.