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El PP mantiene a Castedo en la alcaldía pese a estar acusada de soborno

El magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos

Asegura que ella y su antecesor Díaz Alperi amañaron el Plan General en favor de Ortiz

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, junto a su predecesor en el cargo, Luís Díaz Alperi, en un acto público en noviembre pasado. El último a la izquierda, con gafas, es el promotor Enrique Ortiz. Ampliar foto
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, junto a su predecesor en el cargo, Luís Díaz Alperi, en un acto público en noviembre pasado. El último a la izquierda, con gafas, es el promotor Enrique Ortiz.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, sigue en el cargo pese al auto del juez que la acusa de un supuesto delito de cohecho por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses urbanísticos del promotor Enrique Ortiz. "No piensa dimitir", han asegurado fuentes de su entorno. Tampoco la dirección de los populares valencianos ha dado hasta ahora ningún paso encaminado hacia la destitución de Castedo al frente de la alcaldía de la capital alicantina y esperará a la imputación formal de la regidora para exigirle su renuncia al cargo, como ha hecho en otros casos de supuesta corrupción en sus filas.    

La implicación de Castedo, y de su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, en la mayúscula trama de corrupción políticoempresarial de la provincia de Alicante que indaga el caso Brugal, ha subido esta mañana un nuevo peldaño: Ambos han pasado de estar acusados por el fiscal Anticorrupción por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos a serlo directamente por el magistrado instructor de esta pieza del sumario y de los mismos delitos. El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforados de ambos políticos del PP. Castedo es diputada autonómica desde mayo de 2011, y Díaz Alperi desde 2007.

El promotor Ortiz está ya imputado en esta causa, y en otras piezas del caso Brugal, como la que indagada un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja (Sur de Alicante). La investigación policial y el fiscal Anticorrupción consideran a Ortiz, el empresario Ángel Fenoll y Ripoll los cabecillas de la trama corrupta. El empresario Ortiz también está imputado en la rama valenciana del caso Gürtel, que indaga una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.        

Ortiz acaparó suelo que iba a ser declarado parque natural para trasvasar la edificabilidad a la ciudad

En su escrito de motivación razonada remitido esta mañana al TSJ, el titular del Juzgado número 5 de Alicante justifica el traslado de la causa por al Tribunal Superior de Justicia Valenciano por  "concurrir necesidad de imputación formal de Alperi y Castedo".  No obstante, será el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora o a su antecesor en el cargo. " [...] Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi], por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular", recoge textualmente el escrito del juez.

El supuesto trato de favor se realizó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido autorizado por la Consejería de Urbanismo del Gobierno Valenciano. El magistrado considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan general sobre varios proyectos en los que tenía interés, entre ellos, la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Tanto el campo como el equipo son propiedad del promotor.

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa información privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en los zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU  para luego trasvasar la edificabilidad a otras áreas urbanas de la ciudad. La policía cifra ese pelotazo en 120 millones de euros. Para estas operaciones inmobiliarias, Ortiz se valió de tres exdirectivos de Bancaja y la CAM, también imputados en la causa. 

El promotor supuestamente pagó un viaje a Creta al anterior regidor, Luis Díaz Alperi

En cuanto al supuesto delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales, y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagado por Ortiz y el regalo de un coche modelo MIni Cooper, también propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la regidora. Sobre el viaje, Castedo mantiene que los pagó en metálico, pero el juez precisa: "Una vez analizada la información bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo Ramos y Arturo Soto Viero (su marido), se llega a la conclusión de que no existe ninguna extracción de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes".

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor y actual diputado autonómico Díaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un jet privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constitución de una empresa de publicidad.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que ha remitido al juzgado, también mantiene la acusación a Castedo y Alperi por los delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias. Según el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacción del planeamiento de la ciudad de Alicante a los intereses de Ortiz a cambio de dádivas. El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a través del despacho de abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez.

En este sumario, el juez  ya ha  imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

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