El Superior vasco ordena investigar incompatibilidades en el ‘caso Glass’

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado a la Diputación de Gipuzkoa iniciar “actuaciones inspectoras” y, en su caso, abrir un expediente sancionador, a raíz de las posibles incompatibilidades de los funcionarios acusados en el denominado caso Glass Costa Este Salou, según informó ayer el sindicato LAB. En este procedimiento se encuentran imputadas seis personas, entre ellas el exsenador del PNV y exdirector de la Hacienda guipuzcoana, Víctor Bravo.

LAB asegura en una nota que solicitó a la Diputación de Gipuzkoa, cuando estaba presidida por Markel Olano, del PNV, la elaboración de un informe de incompatibilidades que afectaba a las personas que están acusadas en este procedimiento. Ante las “reiteradas negativas”, la central acudió a los tribunales, que ahora han ordenado a la Diputación “la incoación de actuaciones inspectoras y el inicio, en su caso, del expediente sancionador” de las personas imputadas.

En su comunicado, el sindicato abertzale asegura que “sigue siendo sorprendente” que “ante un fraude de estas características”, la Diputación que presidió Olano “no fuera capaz siquiera de iniciar un procedimiento de investigación y apertura de expediente” contra los acusados que también eran trabajadores de la Hacienda foral. Entre estos figuraban Arantza Arbelaitz, esposa de Bravo y que entonces presidía el Tribunal Económico Administrativo de la Hacienda, así como Rufino Eizaguirre, quien fue jefe de la oficina técnica del diputado general en el mandato de Joxe Joan González de Txabarri.

Entre los imputados se encuentra el exsenador del PNV Víctor Bravo

La Fiscalía imputa a Bravo cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos por facilitar presuntamente a la constructora catalana Glass Costa Este Salou acogerse a beneficios fiscales de Gipuzkoa sin tener su sede social en esta provincia.