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La Generalitat amenaza con reducir las bonificaciones en los peajes

Territorio culpa al Estado de la medida por no haberle transferido 41 millones de euros

Lluís Recoder, consejero de Territorio.
Lluís Recoder, consejero de Territorio.

Los alcaldes de Terrassa, Mollet del Vallès y Alella abandonaron ayer enfadados la sede del Departamento de Territorio. Llegaron con la esperanza de obtener una respuesta a su demanda de obtener bonificaciones a los peajes para los residentes de sus municipios y se fueron no solo con una negativa, sino con la noticia de que la Generalitat se plantea reducir los descuentos que aplica en las autopistas de pago que son de titularidad autonómica. Así lo explicó después el secretario de Movilidad, Damià Calvet, quien dijo que el recorte podría aplicarse ya en septiembre y que, de concretarse, será fruto de otro incumplimiento estatal en materia de infraestructuras.

El déficit de recursos públicos está detrás de la nueva amenaza de la consejería que dirige Lluís Recoder, que en este caso reivindica el pago de 41 millones de euros adeudados en los ejercicios 2011 y 2012, según un decreto que obliga al Estado a asumir el 7% del coste de las autopistas de pago. “Si pagan, podremos estudiar aumentar las bonificaciones por recurrencia; pero si no pagan, tendremos que replantear incluso las bonificaciones que tenemos ahora”, señaló ayer Calvet.

El Gobierno catalán plantea una posición intransigente. Denuncia que el Estado ha consignado los 70 millones de euros para pagar a las concesionarias de las autopistas que son de su titularidad (la AP-2 y la AP-7), pero que en cambio ha olvidado incluir las partidas para las autonómicas. La Generalitat considera que, en los actuales momentos de dificultades económicas, no se puede asumir durante más tiempo la deuda.

Las condiciones del Gobierno catalán ponen en jaque el futuro de un modelo de bonificaciones que estrenó a principios de año y que establece diferentes descuentos en función de la recurrencia de paso (30%), la ocupación del vehículo por más de dos personas (40%) y la circulación con turismos de bajas emisiones de gases invernadero (30%). El Ejecutivo defiende los criterios de homogeneización que representa el nuevo sistema, si bien este no es del agrado de todos los usuarios, especialmente de los residentes en Terrassa, Mollet y Alella, que disfrutaban de la gratuidad de los peajes más próximos hasta que entró en vigor el actual criterio de descuentos y que ahora tenían la esperanza de poder corregirlo.

En cuestión de un mes, el Departamento de Territorio ha pasado de plantear un incremento de las bonificaciones por uso reiterado de autopistas de pago a amenazar con reducir los descuentos aplicados, en un nuevo conflicto que le enfrenta al Ministerio de Fomento. De concretarse la decisión del Gobierno catalán, el departamento tendrá que convocar antes al grupo de peajes, en el que están representados formaciones políticas, municipios, sindicatos y otros organismos vinculados al transporte.

La última propuesta de la Generalitat llega cuando todavía está activo el movimiento #novullpagar, que denuncia el excesivo peso de las autopistas de peajes en Cataluña y lo considera un agravio comparativo, por el menor protagonismo que tienen las vías de pago en el resto de España. Ante la insumisión de los antipeajes, no obstante, el Gobierno catalán ha mantenido una posición dual: ha dicho que comprende la sensación de injusticia, pero también ha defendido el cumplimiento de la ley y ha tramitado las denuncias llegadas de las concesionarias.