“Intentan que desaparezcamos”

Cuando el Gobierno regional anunció que bajaba el 20% de los honorarios de la justicia gratuita, los 4.500 abogados del turno de oficio vieron peligrar seriamente su futuro personal y laboral. Estos letrados, que tienen congeladas las tarifas desde un decreto aprobado por el que era entonces presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, han visto como en un año han perdido un 55% de sus ingresos.

“Si están dejando que se deteriore tanto el servicio que prestamos y que las tarifas sean ínfimas, solo están buscando que desaparezcamos o privatizar el servicio”, dice Isidro Moreno, de la Asociación de Letrados de Oficio Digno (Altodo).

La justicia gratuita está garantizada en el artículo 14 de la Constitución y permite garantizar que aquellas personas que carecen de recursos puedan disponer de un abogado que les defienda si lo necesitan.

Lo habitual es que se dé en la jurisdicción penal, pero también abarca otras áreas como extranjería, menores, violencia de género y la contencioso-administrativa.

Los abogados que están en el turno de oficio tienen que pasar un curso de formación y apuntarse a este servicio. Después hacen dos o tres guardias al mes, que les suelen reportar una media de 100 casos anuales. “Algunas jurisdicciones están zonificadas de forma que a veces no hay que salir de la capital, pero en otras, como menores, puede tocar cualquier municipio de la región”, reconoce Moreno.

Algunos piensan en cambiar de profesión”, afirman los afectados

Las tarifas que cobran la guardia es un fijo de 150 euros, a lo que se suma unos 300 euros por caso. “Esto supone unas seis veces inferior al precio del mercado. Si ahora nos bajan ese 20% anunciado, algunos están pensando en cambiar de profesión”, añade el letrado.

La situación no sería tan angustiosa si además no se demorara el pago de la Comunidad de Madrid. A mediados de año, la Consejería de Presidencia y Justicia no ha desembolsado el último periodo de 2011 de los pagos de la justicia gratuita. Y es que los abogados ya tienen calculado que tardan en cobrar unos 250 días.

Existe otra opción, pero también gravosa para los profesionales. Pueden pedir que una entidad bancaria les adelante el dinero, pero con una quita de unos 1.200 euros al año. “Todos nos preguntamos por qué tenemos que financiar con nuestro dinero a la Administración”, explica Moreno.

El número de letrados que hacen guardias también ha caído en picado. Frente a los 22 que estaban para detenidos y extranjería, se ha reducido el número a 14. En menores se ha pasado de tres a uno. “Todo esto ocurre cuando la ley que regula la justicia gratuita [1/96] dice que debemos estar suficientemente remunerados y en plazos razonables para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en igual con los que tienen medios para pagársela”, reconoce el representante de Altodo.

Cada año entran unos 150.000 asuntos expedientes nuevos al turno de oficio, lo que supone una factura de unos 50 millones a la Comunidad de Madrid.

Si la situación no fuera precaria de por sí, las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid pueden abrir todavía más las heridas. La persona tiene que acreditar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que tiene derecho a un abogado de oficio. Para ello, deberá acreditar que no llega a unos ingresos mínimos y que lo aporte en los primeros diez días. “Mucha gente que vive en la calle, o es extranjera o que no mueve los papeles necesarios al final no los presenta. Si no lo hace, nosotros no lo cobramos. Esto supondrá que trabajemos gratis en el 90% de los casos”, destaca Moreno.

Una situación agónica

La situación de muchos abogados resulta agónica. Según Moreno, gran parte de los letrados se han dado de baja en las bases de datos jurisprudenciales, necesarias para preparar los casos. Otros han cerrado los despachos profesionales y los han trasladado a sus casas o directamente carecen de locales donde atender a sus clientes. “No es raro que muchos abogados queden en los pasillos de los juzgados o en algún bar cercano antes de que se inicie el juicio o una vista ante el juez”, explica.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, siempre ha criticado la alta factura que supone para las arcas regionales el turno de oficio y ha pedido que se controle muy al detalle su desglose para evitar abusos. De hecho, no descarta devolver las competencias de Justicia al Gobierno central ante el enorme problema que le supone este departamento. “Lo que está claro es que Esperanza Aguirre quiere que nos convirtamos en los esclavos del siglo XXI. Muchos no lo aguantarán y dejarán este servicio fundamental para el ciudadano”, critica. “Detrás de todo esto hay una cosa clara: que la justicia no da votos”, concluye.