Las oposiciones sacuden Radio Televisión de Galicia

El pasado martes el director xeral de la CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, estampó su firma sobre una resolución con la que se da por terminado el primer concurso público en los medios autonómicos desde hace 20 años. A través del proceso se repartieron 193 plazas de personal fijo laboral, pero la lista podría haber variado si el tribunal hubiese aplicado con rigor las bases de la convocatoria, y si hubiese utilizado los mismos criterios con todos los aspirantes. Sin ser un proceso de consolidación puro, en estas oposiciones el factor fundamental para conseguir un puesto era la experiencia. Por eso los errores en la baremación de este aspecto resultan decisivos en el resultado final.

Así, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, un candidato consiguió plaza porque se le computaron nueve meses que estuvo en el paro, cuando según las bases lo que contaba eran los servicios prestados y no la antigüedad, es decir, el tiempo durante el que el trabajador desarrolla una actividad para la empresa. Lo llamativo es que a ese y a otro aspirante, previa alegación, sí que se les contabilizó ese periodo, mientras que a otros dos en idéntica situación no.

De hecho, en respuesta a una alegación, el propio tribunal recuerda que el criterio a seguir es el de servicios prestados, más restrictivo, y no el de antigüedad. En coordenadas similares, a otro candidato se le tuvieron en cuenta los cerca de dos años y medio que lleva en excedencia especial, enrolado en el equipo de comunicación de la actual Xunta. Sin los puntos conseguidos por ese periodo en el que en realidad no ha estado prestando servicios a la CRTVG no hubiera logrado su plaza.

Otro ejemplo se da en relación a cuándo se considera que un aspirante está licenciado, si una vez que acaba su carrera o cuando paga las tasas y obtiene su título. Es relevante porque el tiempo trabajado computa la mitad si se hizo sin titulación. De este modo, un candidato, licenciado en 1994 pero al que no se le expidió el título hasta 2005, obtuvo el tratamiento más riguroso, también en las alegaciones: se le otorgaron por ese periodo el 50% de los puntos, lo que le dejó fuera de la lista final. Esta persona ha jugado un relevante papel en los juicios de los trabajadores de las productoras para demostrar la cesión ilegal. Sin embargo, a otro, que no abonó las tasas hasta este mismo año con las oposiciones ya en marcha, se le puntuó íntegramente.

Hay más casos que ilustran la falta de rigor en la baremación, aunque no todos hayan influido en la composición final de la lista. A un aspirante se le conceden directamente, sin justificación alguna, 46 meses más de los que le corresponderían, sin ellos también habría logrado la plaza. A otro le otorgan 43 meses a mayores, y a alguno incluso le duplican parte de los periodos trabajados, dándole dos veces puntos por los mismos meses. En algunas ocasiones se tienen en cuenta los hechos probados en sentencias en primera instancia y en otros solo los que cuentan con resolución judicial firme. Un aspirante se quedó fuera por esta doble vara de medir.

La CUT —con cuatro representantes sobre 13, el sindicato mayoritario en un comité de interempresas muy fragmentado— ha denunciado ante la dirección de recursos humanos y los tribunales del proceso selectivo esta situación. Fuentes de la central interpretan los desajustes como meros errores numéricos, fruto de lo caótico de todo el proceso. Sin embargo, también intuyen cierta intencionalidad en algunos casos, aunque admiten la dificultad para probarlo. Auguran que la empresa cerrará el periodo de recursos de reposición y de alzada sin ninguna modificación, y que conminarán a los afectados a ir a la justicia ordinaria. La vía contencioso-administrativa se puede demorar tres o cuatro años e implica una notable inversión económica, y ahí el ente juega “con pólvora que no se gasta”.

Tanto los presidentes de los tribunales como la dirección de la empresa contestaron a un primer escrito genérico de la CUT negando las irregularidades y reprobándole por acusar sin pruebas. Ante esta respuesta, el sindicato emitió otra denuncia, esta ya referida a casos concretos y con datos muy precisos. En respuesta a este diario, el gabinete de prensa muestra su confianza en el “rigor de los tribunales”, aunque abren la puerta a “subsanar” los fallos si se “determinase su existencia”. El comité ha pedido una reunión con el director xeral para abordar el asunto. Por otra parte, ayer vivieron su último día en la compañía los 93 empleados que, al no haber sacado plaza en la oposición, se quedan en la calle.