“La austeridad nos obliga a ser respetuosos con cada euro”

Esperanza Aguirre y Ana Botella han escenificado este mediodía el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para acabar con la multiplicación de competencias “duplicadas y hasta triplicadas” que el pulso entre Administraciones y la bonanza económica impulsaron en toda España.

En una primera fase, que se desarrollará hasta el 1 de enero de 2013, y en la que se eliminarán las duplicidades en nueve de 17 servicios, la Comunidad transferirá al Ayuntamiento 17 centros de mayores, un centro cultural (el Pilar Miró), dos instalaciones deportivas (San Vicente de Paul y el campo de fútbol de Puerta Bonita) y tres albergues juveniles. El camino contrario seguirán los tres centros residenciales para mayores, siete centros de atención a drogodependencias, dos centros de atención a la discapacidad, siete bibliometros y el servicio de atención de urgencias 112 –el 092 se integrará en él-, que el Palacio de Cibeles transferirá a la Real Casa de Correos. La intención de la Comunidad es trasladar a otros municipios el acuerdo con Madrid capital, que engloba al 55% de la población de la región.

“Es una irracionalidad duplicar o triplicar algunos servicios. Como dice el refranero, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, y resulta que la Comisión de Duplicidades de la Asamblea de Madrid concluyó que había 17 servicios que dábamos conjuntamente. Precisamente este acuerdo es el resultado de la voluntad de ambas administraciones para definir qué servicios prestar cada una”, ha expresado Aguirre en un acto en el que los medios de comunicación no han podido hacer preguntas. “Estamos firmemente comprometidos con el fin de prestar los mismos servicios con el menor coste. La necesaria austeridad de este momento nos obliga a una mayor eficiencia de los recursos públicos”, ha añadido Botella, que ha reconocido que “la crisis ha acelerado el proceso de racionalización”.

Asistencia sanitaria, para la siguiente fase

En una segunda fase, se suprimirán las duplicidades en ámbitos de centros de día para mayores, bibliotecas, ayuda a domicilio, asistencia sanitaria, asistencia sanitaria de urgencia, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, vivienda y empleo. Tanto los inmuebles como el personal vinculado a estos servicios pasarán a depender de la administración que asuma la competencia en cuestión. "En la fase inicial se han transferido las competencias más sencillas, mientras se ha dejado para la siguiente a las escuelas infantiles o el caso del Summa y el Samur", apuntan desde el Gobierno regional. Precisamente el intercambio de responsabilidades del ayuntamiento a la Comunidad supone, según los cálculos del Consistorio, unos gastos de 31,5 millones de euros, y de 11 en el caso de los que la Comunidad transfiere. Es decir, que el Ejecutivo autonómico pasará a afrontar 20 millones más de gastos al año en la nueva delimitación de servicios. "No es exactamente así, pues muchos de esos servicios ya están externalizados", explican en la Real Casa de Correos.

“Madrid es la única Comunidad que ha llevado una iniciativa así a su Parlamento; este es el inicio, pero comenzar a andar un camino es muy importante y creo que vamos a conseguir todavía mejor eficiencia”, ha resaltado Aguirre en un acto al que han asistido el vicepresidente regional, Ignacio González, los consejeros Regina Plañiol (Presidencia y Justicia), Percival Manglano (Economía y Hacienda), Lucía Figar (Educación y Empleo), Pablo Cavero (Transportes e Infraestructuras) y Ana Isabel Mariño (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio) y diputados como Íñigo Henríquez de Luna y Borja Sarasola. Por parte del Consistorio han acudido, entre otros, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva y Concepción Dancausa, la delegada de Economía.

“Este protocolo abaratará gestión de los servicios públicos, de calidad, con una asignación clara de responsabilidades… La austeridad nos obliga a ser respetuosos con cada euro. Cada uno que gastemos tiene que ser necesario e imprescindible, por eso hoy firmamos un acuerdo para delimitar con precisión todas las competencias concurrentes y para ser más eficaces”, ha apuntado Botella, que ha incidido en que se trata de “un paso largo, difícil y complicado, pero es el comienzo del principio de Una administración, una competencia”.