Se vende monasterio por 300.000 euros

Desde que el capitalismo se convirtió en sistema hegemónico y extendió sus reglas también al mundo de la cultura, el valor incalculable del patrimonio histórico-artístico no es más que un tópico caducado. Una muestra de ello está en Crecente, al sur de Pontevedra, casi en el límite con Portugal. El monasterio románico de San Salvador de Albeos, lo que queda de él, está a la venta por 300.000 euros. Mientras no sale un comprador con capacidad económica para rehabilitarlo, sus muros levantados hace ocho siglos sucumben a la vegetación y al abandono de propietarios y Administraciones.

En realidad, del cenobio, que pudo tener un origen prerrománico anterior al siglo XII, solo quedan algunas partes de su iglesia, a la que ya ni se puede entrar ante el peligro de derrumbe. Dentro, los vecinos hablan de tallas esculpidas con elementos zoomórficos y vegetales hoy imposibles de admirar, según cuenta la historiadora del arte Margarita Vázquez Corbal. Las construcciones adyacentes reutilizaron piedras de sus paramentos. Incluso un capitel doble —análogo a alguno de los que ahora lucen en la flamante exposición Gallaecia Petrea de la Cidade da Cultura— le sirve de mesa a alguno de los lugareños. Lo que se supone fue la pila bautismal se recicló como canal de riego en un río cercano.

Sus muros sucumben a la vegetación y a la desidia institucional

Desde los años setenta se usó como establo y almacén. De hecho, Vázquez Corbal comenta que la primera vez que lo visitó, en 2009, se encontró con una “maravilla” escondida detrás de unos troncos: un tímpano con una Maiestas Domini —iconografía clásica de las portadas románicas que muestra a Cristo triunfante— que considera “clave” en la evolución de este estilo en la diócesis de Tui. Antes fue un matadero y vivienda, enumera desde el Reino Unido Manuel Cortes, hijo del actual propietario. Su abuelo se lo adquirió a siete hermanos en los cincuenta. Antes, en el siglo XIX, con las desamortizaciones, pasó a manos privadas. En realidad el centro religioso, femenino y de la orden benedictina, había venido decayendo desde que en el siglo XV se cerró el monasterio. Solo la iglesia siguió funcionando, aunque luego fue sustituida por la parroquial.

“Aceptamos nuestra parte de responsabilidad”, entona Cortes, que se pregunta si su padre acertó cuando dejó que los vecinos se valiesen del inmueble para usos agrícolas. Lo cierto, apunta, es que un muro de una parte inutilizada se cayó en los noventa por una hiedra. Dice que la familia es consciente del valor del edificio, pero carece de recursos para acometer la rehabilitación. “Sin el apoyo de las instituciones, la única salida que hemos encontrado es ponerlo a la venta”, concluye. Actualmente está expuesto en el portal www.joyasinmobiliarias.com. No obstante, hasta la fecha, los interesados rechazaron la compra por no tener un terreno circundante lo bastante amplio.

“Sin ayuda de la Administración, solo queda venderlo”, dice el dueño

Cortes narra su peregrinaje ante los distintos responsables que han ido pasando por la Consellería de Cultura. En la época Fraga, un arquitecto de Patrimonio le informó de que el edificio está inventariado, es decir, la Administración sabe que existe y cuenta con el grado mínimo de protección. Se comprometió a estudiar el caso, pero no hubo más noticias. Con el bipartito en San Caetano, el director general rechazó la compra —“me dijo que no eran una agencia inmobiliaria y poco después compraron el castillo de Pambre”, evoca, aunque en realidad fue la Xunta de Feijóo la que anunció esa operación—, pero también prometió enviar a los técnicos para estudiar su estado. Idéntico resultado.

Preguntado por este diario, el actual equipo del departamento autonómico enarbola un discurso similar al de sus antecesores. En las próximas semanas, afirma un portavoz, los técnicos van a visitar el monasterio. Llegado el caso, abrirán expediente informativo que, a lo sumo, acabará en un recordatorio al propietario de que la ley le obliga a mantenerlo en buen estado. Como bien inventariado, la capacidad sancionadora es reducida. También descartan la expropiación, por el desembolso económico. Esto es, o aparece un comprador con capacidad financiera o acabará siendo una mera ruina.