Empleo achaca a la “nefasta gestión” de Bizkaia la mayoría del fraude social

La transición en la gestión de las dos principales ayudas sociales desde los Ayuntamientos y las Diputaciones a Lanbide dista mucho de estar siendo pacífica. El Servicio Vasco de Empleo, dependiente de esta consejería, recalcó ayer la “nefasta gestión” de la Diputación de Bizkaia y aseguró en un comunicado que el 72,27% de las ayudas sociales que ha empezado a dejar de pagar a 2.031 personas al no haberlas localizado corresponden a esta provincia.

“El fraude detectado en el cobro de prestaciones sociales se centraliza en Bizkaia”, subrayó Lanbide, señalando que los porcentajes no se corresponden con los datos de población, dada la “abrumadora diferencia”. Bizkaia discrepó horas después de esta lectura porque concentra al 68,98% de los perceptores de ayudas de Euskadi, aunque su peso poblacional se quede en el 53%. Y deploró el “intento de criminalizar” a los perceptores por parte de Lanbide.

“Los datos demuestran cómo se han hecho las cosas los últimos años con respecto a la lucha contra el fraude en las ayudas sociales y la diferencia de gestión y de control que ha existido de una Diputación a otra”, sostuvo el director de Lanbide, Javier Ramos.

Bizkaia replica que se quiere “criminalizar” a los perceptores

Este alto cargo no quiso dejar margen a la duda y censuró que, por culpa de los retrasos de la Diputación en el traslado de expedientes, ha realizado pagos de ayudas “sin control en casos que incumplían la ley”. Es más, pese a que la diputada foral Pilar Ardanza convocó a los medios la semana pasada para escenificar el traslado de los últimos expedientes a Lanbide, los 4.000 que la consejera de Empleo, Gemma Zabaleta, sostuvo que les faltaban, el servicio mantuvo ayer que algunos todavía siguen en manos de la institución foral. Según la modificación legal aprobada en diciembre, que permitió trasladar la gestión de las ayudas a Lanbide, el cambio tenía que estar realizado en febrero pasado. El 40% de los expedientes que tenía Bizkaia en su poder ha tardado más de seis meses en llegar, añadió el Servicio Vasco de Empleo,.

Los retrasos en la tramitación de las solicitudes de Bizkaia —entre siete y ocho meses de media, según Lanbide, pero con “decenas de casos que superan el año de demora”— han supuesto que este sevicio tenga que pagar 13 millones de euros extra. La razón es que, una vez aprobada la ayuda a un solicitante, se le pagan de golpe todos los meses desde el momento en que completó la solicitud. “Este retraso ha supuesto demoras en el pago a personas que lo necesitaban”, censuró Ramos.

Ante la sospecha de que en algunas oficinas de Lanbide hay personas que trafican con números para las citas, Lanbide exigirá el DNI a quien las solicite.