Ni cacería, ni pollo, ni paripé

Ni la cacería que teme el PSOE, ni el paripé que sospecha el PP. Mejor, miel sobre hojuelas, como desea IU.

La comisión de investigación sobre los ERE ha iniciado hoy miércoles sus trabajos en el Parlamento. Para el PSOE, será un camino de espinas. Para el PP, una oportunidad de arrollar a los socialistas. Y, si es posible, dejar malherido al presidente Griñán. Para IU, el cumplimiento de una promesa electoral.

Los tres partidos han desarrollado sus estrategias durante semanas. Exagerando o minimizando a conveniencia el alcance del caso más importante de corrupción registrado en Andalucía. Aunque no en España, como pretende el PP: aún gana por goleada el caso Gürtel.

Lo cual no quita relevancia al caso de los ERE. Repugnante y turbio asunto en el que, por lo probado hasta ahora, un reducido grupo de personas manejó a su antojo docenas de millones de euros que repartieron entre amigos del PSOE, sindicalistas, intermediarios, aseguradoras y empresarios. Algunos miles se destinaron a juergas regadas con alcohol y coca.

Por mucho que se diga lo contrario, la Junta ha colaborado con la justicia. Fue la primera en denunciar los hechos a la fiscalía, realizó su propia investigación interna y aportó toneladas de información a la juez Mercedes Alaya. Como es lógico, a lo largo del proceso ha habido roces puntuales por decisiones controvertidas de la instructora, empeñada en demostrar que todo el Gobierno conoció y permitió las irregularidades detectadas. De manera muy especial, los presidentes Chaves y Griñán.

En contra de la opinión de algunos de sus colaboradores, Griñán y Chaves han mostrado su disposición a declarar ante la comisión. Es una decisión acertada. Lo contrario habría sido absurdo. Primero, porque PP e IU habrían forzado su presencia, pues cuentan con mayoría en el Parlamento. En segundo lugar, porque esa es la esencia del juego democrático: quienes mandan están obligados a dar explicaciones de las decisiones que toman. Lo que no significa que estén salpicados por el escándalo. Hasta hora, no existe ninguna prueba concluyente de que sí lo estén. Por mucho que se empeñe la derecha y los medios que la jalean.

Resuelto este asunto, queda por ver el papel del PP. Sangrante aún la herida de su cuarto fracaso en la carrera a la presidencia, Javier Arenas planteó la comisión como una cacería. Una comisión de difamación, más que una comisión de investigación. Quienes han tomado su relevo caminan en la misma dirección.

Rafael Carmona, exdirigente del PA cobijado en las más cálidas aguas del PP, y miembro de la comisión por este partido, ya tiene decidido el veredicto: el procedimiento de reparto de fondos era “ilegal” y “todo” el Gobierno lo sabía. Luego todos son culpables. Al paredón (político) con ellos.

Carlos Rojas, portavoz popular en el Parlamento, duda “de las intenciones” de Griñán, que intentará engañar a los andaluces. Hará “el paripé”, en palabras de otra vocera popular, Rosario Soto. O sea, que Griñán irá al Parlamento a fingir, simular y realizar un acto hipócrita, como nos aclara la RAE.

No es extraño que uno de los miembros del Gobierno procedente de IU, Rafael Rodríguez, consejero de Turismo, concluya que “el PP solo busca montar el pollo, la bronca y el ruido” en la comisión.

Sería bueno que esos pésimos augurios no se cumplieran. Que no haya cacería, que nadie monte el pollo, ni haga el paripé. Que todo transcurra, como “miel sobre hojuelas”, en expresión del vicepresidente Diego Valderas (IU), y los ciudadanos sepamos cómo se distribuyeron los fondos de los ERE. Que se detecten los fallos, para que nunca jamás vuelvan a producirse unos hechos semejantes. Que se exijan las responsabilidades políticas pertinentes. Porque las judiciales siguen imparable su curso. Camino del Tribunal Supremo.