La Audiencia rechaza que los trileros sean “grupo criminal”

Los trileros que enredan en La Rambla con el clásico juego de la bolita y las cajas de cerillas tienen el viento a favor. Al menos aquellas bandas que sean juzgadas por la Sala Quinta de la Audiencia de Barcelona. El tribunal concluye en dos casos que ha dirimido en mayo y abril que ni la estafa ni el grupo criminal son dos tipos delictivos fáciles de atribuir a este tipo de pícaros.

La situación es especialmente delicada en cuanto al grupo criminal. La figura se introdujo en la última reforma del Código Penal de 2010, y fue recibida por la policía como una solución para la pequeña delincuencia que erosiona la imagen de Barcelona y extiende la sensación de inseguridad. Aquellos que se unan en grupos de más de dos personas para cometer pequeños delitos y sin una estructura demasiado compleja pueden enfrentarse a entre tres y seis meses de prisión.

La Audiencia ha tumbado la petición de la fiscalía para nueve trileros a los que les atribuía este delito. En un auto del 10 de abril concluye que no es aplicable a conductas “de bagatela” como la de los que organizan timbas en La Rambla ni “por la duración de la unión” ni por la “peligrosidad para los bienes jurídicos protegidos”. “La consumación de las estafas [de los trileros] no produciría la más mínima afectación al orden público”.

Y critica la “desacertada” circular de la Fiscalía General del Estado para aplicar esta tipo penal. “No vislumbramos que un grupo de trileros atente contra la base misma de la democracia [...], ni afecte al normal desenvolvimiento de la vida comunitaria, ni genere intranquilidad, ni desasosiego, ni su pretensión sea la de estafar a gran escala”, afirma. Y añade que “la finalidad del legislador” no debe ser la de “orillar” los principios constitucionales de “responsabilidad por el hecho, culpabilidad y proporcionalidad”.

El tribunal, compuesto por Elena Guindulain, José María Assalit y Carlos González, absuelve también en una sentencia del 2 de mayo a otro grupo de 12 trileros de la falta de estafa. Consideran que las timbas son “turbias” y el que juega sabe “que seguramente perderá su apuesta”. La Sala Quinta argumenta que solo se comete estafa cuando no hay bola y, además, el apostante desconoce el engaño.

“Es evidente que si se advirtiera a los viandantes mediante los correspondientes carteles informativos, redactados en diferentes idiomas, del riesgo de participar en el juego del trile [...] se lograría evitar que participen en el juego quienes no conocen que pueden ser engañados”, remata la sentencia. En 2004, el Ayuntamiento de Barcelona usó el recurso de las señales para alertar de los trileros. “Cuidado, esto no es un juego, es una estafa”, decían los letreros.

Desde Amics de la Rambla criticaron la decisión judicial y cuestionaron la utilidad de los carteles. “Tienen una incidencia menor, lo que se necesita es agilizar el proceso judicial para que los turistas puedan testificar”, aseguró uno de sus portavoces, Fermín Villar. Desde la Asociación de Pajareros, sin embargo, se mostraron dispuestos incluso a “poner las señales en nuestros locales, si hace falta”, se ofreció Mónica Trias. Ambos comerciantes destacaron el aumento en la presión policial, que se saldó el año pasado con 5.531 intervenciones.

Ante la sentencia, el Consistorio guardó silencio. El PSC aseguró que “respetan pero no comparten” el razonamiento de la Audiencia, pues “le hace un flaco favor a la labor de la Guardia Urbana”. El líder del PP, Alberto Fernández Díaz solicitó que “se imponga un criterio entre los jueces”. Los socialistas y los populares, sin embargo, discreparon en el tema de la señalización. El PP lo rechaza.