El PSOE elige tres diputados de perfil político bajo para la comisión de los ERE

Los grupos parlamentarios ya han designado a los nueve miembros de la comisión que investigará en la Cámara el caso de los ERE, un asunto que, junto con la crisis económica y los posteriores recortes, ha sido el eje central de la refriega política desde que saltó a la luz, hace año y medio.

El PP —imbuido de súbito en una tormentosa metamorfosis de liderazgo tras la salida de Javier Arenas— ha sido consecuente con el tiempo y el tesón desplegado en foguear este escándalo, y ha elegido a tres personas que han trabajado con denuedo tanto en su escudriñamiento como en la difusión, una vez fuera de la primera línea Antonio Sanz, el antiguo número dos de Arenas que se ha ido a Madrid con él, y que era quién más sabía del tema. Lo que da una idea de las expectativas mediáticas depositadas en la repercusión de las sesiones que comenzarán mañana.

Además del portavoz parlamentario, Carlos Rojas, la máxima autoridad en el Parlamento después de que Javier Arenas se haya sentado en una segunda fila de la bancada, figuran la portavoz de Empleo, Teresa Ruiz Sillero, y Rafael Carmona, unos de los estudiosos de toda la documentación disponible del caso, junto con el suplente, Rafael Salsas.

Los socialistas, sin embargo, han optado por un perfil político bajo y han escogido a Antonia Moro, veterana diputada sin cargo ahora en el grupo, y Enrique Benítez y Jesús María Ruiz, parlamentarios novatos y, por tanto, carentes de experiencia. Desde el PSOE argumentan que ambos son conocedores profundos del manejo de la Administración, ya que el primero ha sido delegado de Obras Públicas en Málaga (y antes de Economía); y el segundo, subdelegado del Gobierno de Rodríguez Zapatero en Córdoba, y antiguo delegado de Salud. El suplente es José Muñoz.

Como el PP, Izquierda Unida ha situado en la comisión a su portavoz parlamentario, José Antonio Castro; Ignacio García, vicepresidente primero de la Cámara; y Alba Doblas, diputada de nuevo cuño, al igual que la suplente, Marina Segura.

Con la constitución de la comisión, el miércoles, comenzarán a conocerse las grandes incógnitas del proceso, como los plazos para aprobar las conclusiones —en las ocho que se han creado en el Parlamento andaluz nunca ha sido menor a 90 días—, el método, la documentación y, muy especialmente, quien será llamado. Los socialistas aún no han aclarado si en su lista de comparecientes estará el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pese a que él mismo ha expresado su voluntad de acudir para despejar sospechas. Lo más probable es que sí, toda vez que IU ha dejado entrever que requerirá tal testimonio, y este partido es quien tiene capacidad para determinar el desarrollo de los trabajos porque es la llave de la mayoría entre los 47 escaños del PSOE y los 50 del PP.

Los socialistas esperan el momento adecuado para soltar la bomba, que cada vez lo es menos, habida cuenta de que solo resta la guinda del anuncio oficial a una trama de sobrentendidos que señalan que tanto Griñán como su predecesor, Manuel Chaves, responderán a las preguntas de los nueve miembros de la comisión (seis hombres y tres mujeres). En cualquier caso, el PSOE quiere dejar claro que no hay motivo para que vayan ninguno de los dos —como reiteró el lunes la secretaria de Organización y consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz— salvo su propia “honestidad” y la falta de resistencia para permanecer “impasibles ante las mentiras del PP”.

Este grupo se curó el lunes en salud sobre los resultados de la comisión, y uno de los vicepresidentes del partido, Ricardo Tarno, dijo otra vez que todo es un “paripé” y un “grandísimo engaño”. Tarno reclamó para su fuerza la presidencia de la comisión, aunque IU sostiene que debe recaer en el grupo minoritario. O sea, en uno de los suyos.