Vitoria sigue dejando en el aire los detalles de la consulta sobre la estación
Cuando todo parecía indicar que el referéndum sobre la estación de autobuses de Vitoria tenía vía libre, vuelven las dudas, tanto sobre su fecha como por quién la pagará. La Junta de Portavoces municipal, que debía ayer concretar los detalles de la consulta, concluyó con más incertidumbres si cabe.
Socialistas y PNV rechazaron la idea de celebrarla en julio, como planteaban Bildu y PP, y apuntaron a septiembre, plazo que también prevé el texto aprobado en el pleno. El alcalde, Javier Maroto, descarta esta última fecha porque supondría nuevos retrasos a un equipamiento que no termina de concretarse.
El peneuvista Gorka Urtaran y el socialista Patxi Lazcoz consideraron “precipitado” convocar la consulta para el 14 o el 21 de julio como planteaban el equipo de gobierno y la coalición abertzale. Lazcoz recriminó al alcalde que “se han bajado de la consulta quienes nunca se habían subido a ella, Bildu y el PP”.
El segundo punto de desencuentro fue el pago del referéndum. Maroto ha subrayado en numerosas ocasiones que, si se llega a celebrar la consulta popular, serán los concejales de la oposición, quienes la han promovido, los que deberán hacerse cargo de su coste, cifrado en unos 130.000 euros.
Los socialistas rechazaron ayer esa posibilidad. “He tenido que hacer una advertencia de ilegalidad”, sostuvo Lazcoz. El portavoz socialista recalcó que Maroto no puede “pasar facturas” porque existe la posibilidad de que fuese considerado como un posible delito de prevaricación. “Es absolutamente ilegal que se pasen facturas”, insistió.
