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“Cuando ya no pueden huir más, se quedan en su sillón como aforados”

La oposición vapulea al PP en las Cortes por la corrupción a costa de una iniciativa de Blasco

Rafael Maluenda a la defensiva: "No está imputado y sigue siendo portavoz de su grupo"

Rafael Maluenda saluda a Rafael Blasco después de intervenir ante el pleno.
Rafael Maluenda saluda a Rafael Blasco después de intervenir ante el pleno.

Toda la oposición se lanzó en tromba, el miércoles contra el PP en las Cortes Valencianas esgrimiendo el nutrido muestrario de casos de corrupción que afectan a la derecha en el poder. Lo más curioso es que dieron pie a ello los propios populares al defender una proposición no de ley firmada por el ahora apartado portavoz parlamentario, Rafael Blasco, sobre “principios de transparencia y buen gobierno de la Administración valenciana y entidades dependientes de ella”.

Aunque Blasco sólo estuvo durante una parte del debate, ya que salió y volvió a entrar en el hemiciclo, fue su protagonista involuntario, mientras su sustituto provisional tras la acción de la juez para imputarlo en el escándalo de las ayudas de cooperación, el diputado Rafael Maluenda, sucumbía a las arremetidas de las tres portavoces de la izquierda, que calificaron de “burla” que el PP pretenda dar lecciones con una resolución que sólo es “humo”, en opinión de Esther López Barceló, de Esquerra Unida; que “no la redactaría así ni un niño de la ESO”, según Mònica Oltra, de Compromís, o que pretende ser “absolutoria” de tanta corrupción como se ha acumulado, en alusión de la socialista Eva Martínez.

Las referencias a Blasco y a los numerosos imputados en las filas del PP fueron duras y constantes. Martínez las resumió al denunciar: “Cuando ya no pueden huir más, se quedan en su sillón como aforados para eludir sus responsabilidades”.

Había tratado Maluenda, en su nuevo papel de portavoz provisional de los populares, de aparentar un clima de normalidad alrededor del tema de la transparencia y el buen gobierno que la oposición no está dispuesta a regalarle. Apoyó la proposición de ley, que se aprobó con los únicos votos del PP, con constantes alusiones a que se basa en “un nuevo modelo de Administración pública impulsado por el presidente Fabra”. Pero no dio abasto ni a completar la réplica a las diputadas de la izquierda y solo le salvó la campana, es decir, el aviso de que había consumido su turno.

“Su concepto de transparencia es como el de austeridad de la Casa Real: nulo”, le espetó la diputada Esther López Barceló, de EUPV, que se preguntó qué credibilidad puede tener una resolución como la que propuso el PP cuando afirma que “será motivo de resolución de contrato o cese del gerente y cargos directivos de las entidades y organismos de carácter público el negarse a facilitar información sobre la sociedad a los componentes de los órganos de administración de la misma, excepto cuando lo impidan disposiciones de carácter general”. “Eso es lo que está haciendo el señor López Jaraba en RTVV”, clamó la parlamentaria.

Clara Tirado invita a Blasco a pronunciar la palabra “talibán” para que lo aparten

Mònica Oltra, de Compromís, se ensañó con otro punto de la iniciativa, aquel que recomienda que los miembros de consejos de empresas o entidades dependientes de la Administración no sean políticos en su totalidad e incluyan a “profesionales y expertos de reconocido prestigio”, para recriminar al PP que no entrara en el Consell Valencià de Cultura el escritor Joan F. Mira. Oltra le dijo a Maluenda: “Este debate es temerario. Si vienen a hablar de corrupción, tienen que oír las verdades del barquero”. Y recordó los casos Gürtel y Brugal, entre otros, para hacer alusión a la investigación de las empresas de la familia de Cotino en la supuesta financiación ilegal del PP. En ese momento, Juan Cotino, presidente de las Cortes, la interrumpió y la diputada le dio un recorte de periódico con la información sobre el asunto.

Eva Martínez, del PSPV-PSOE recordó el caso de la visita del Papa y las comisiones ilegales obtenidas por la trama Gürtel a través de la adjudicación de las pantallas y la sonorización por parte de RTVV, el caso Emarsa, la investigación sobre el instituto Nóos y otros escándalos. En opinión de la parlamentaria, lo que tendría que hacer el PP es “pedir perdón” y mostrar “arrepentimiento” en lugar de protagonizar actos de “cinismo” como el de presentar esa propuesta, que todas las portavoces coincidieron en señalar que “está llena de obviedades” y no aporta nada nuevo.

El portavoz popular no dudó en acusar a López Barceló de “no tener autoridad moral ni ética porque se inspira en las críticas del comunismo”, y recriminó a Esquerra Unida y a los socialistas su actuación en el Parlamento andaluz, acusó a las portavoces de la oposición de desconocer el “procedimiento reglamentario” y dijo que sus intervenciones estaban “fuera de tono”.

El portavoz provisional del PP acabó defendiendo la legitimidad de Blasco como síndic. “No está imputado, ni menos condenado y, aunque hace una delegación de funciones, sigue siendo el portavoz del grupo”. Maluenda no olvidó un último llamamiento a “respetar la inocencia de personas que se han sentado en el banquillo pero no han sido condenadas”. El expresidente Francisco Camps estaba en ese momento sentado en su escaño.

Por la tarde, el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, dijo que se están adoptando medidas para que nadie dude de la cooperación valenciana y redujo el escándalo que afecta a Blasco a “casos aislados”. La diputada socialista Clara Tirado, que le había preguntado, denunció la “incongruencia” del PP al apartar a unos y no a otros de sus cargos. Y citó el caso de Mariano Vivancos, destituido de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) por llamar “talibanes” a los profesores en un acto público. Tirado invitó a Blasco a pronunciar la palabra “talibán” para que le aparten definitivamente.

La garantía del ‘non bis in idem’

La proposición no de ley aprobada solo con los votos del PP (Maluenda se quejó de que la oposición presentó enmiendas a la totalidad y no enmiendas parciales, lo que habría permitido, tal vez, alguna aproximación) es, en realidad, una traslación de las conclusiones que los populares impusieron para cerrar la comisión de investigación del caso Emarsa. Ya entonces los grupos de la izquierda rechazaron la inocuidad de las recomendaciones. En el pleno, fueron un paso más allá y recriminaron al PP que incluyera un punto en el que se afirma que hay que imponer la “obligación de reparar los perjuicios causados” a quienes la justicia declare responsables de infracciones penales. “Nos comprometemos a cumplir la ley”, ironizó la socialista Eva Martínez. “Nos comprometemos a cumplir el Código Penal”.

El diputado del PP Rafael Maluenda, sin embargo, insistió en que se trata de que responsables de empresas o entidades públicas que sean condenados paguen los perjuicios que no les haya impuesto la sentencia. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, le recordó que “las Cortes Valencianas no pueden entrar en la legislación civil y penal” y Mònica Oltra, en su condición de abogada, aseguró que legalmente “no se puede sancionar dos veces a quienes han estado condenados penalmente”.

Como quiera que Maluenda buscó otro argumento, al asegurar que se trataría de iniciar otro tipo de denuncias contra quienes hayan sido condenados por irregularidades en la gestión de entidades y empresas públicas, Oltra sacó su vena de abogada en ejercicio y citó el Non bis in idem (no dos veces por lo mismo), una garantía que impide que un acusado sea enjuiciado una segunda vez por el mismo delito. Oltra buscó con la mirada en las filas del PP al diputado José Marí Olano, abogado del Estado, al que preguntó si era cierto lo que estaba diciendo. Marí asintió con la cabeza mientras se sentaba y, cuando Oltra le dijo a Maluenda que su compañero de grupo le aclararía el asunto, Marí respondió que jamás se le ocurriría corregir a su portavoz. La diputada de Compromís zanjó el tema dirigiéndose a los diputados populares: “Como tienen problemas con la justicia, ya lo sabrán en las sentencias que vendrán”.

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