Agustín Hernández ve inadmisible la "persecución" a Telmo Martín

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).

Dicho esto, interpelado por el diputado socialista Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5 millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisible".

Todo ello, después de que el veterano parlamentario acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente". "Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamento.

Finalmente, se ha interesado por el expediente de reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan". "Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de Barreiros.

"Hay que resolver y transparentar las normas urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo" Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será pobre de espíritu", ha ironizado.